Un proyecto de ley busca endurecer las restricciones sobre policías acusados de violencia
La iniciativa amplía los casos alcanzados por la restricción de portación de armas, incorpora evaluaciones psicológicas obligatorias y prevé consecuencias
Un proyecto de ley ingresado este viernes en la Legislatura provincial propone modificar la ley que regula la portación de armas reglamentarias (N° 2141-J) por parte de efectivos policiales denunciados por hechos de violencia en el ámbito privado.
La iniciativa, ingresada por el diputado Adrián Zukiewicz amplía el alcance de la normativa vigente e incorpora nuevos mecanismos de evaluación y control para el personal involucrado en denuncias por violencia de género, violencia familiar, lesiones dolosas, amenazas, coacción, abuso de armas, privación ilegítima de la libertad y otros hechos que impliquen violencia física, psicológica o verbal en relaciones interpersonales.
Entre los principales cambios, el proyecto establece que la prohibición de portación, tenencia y transporte del arma reglamentaria fuera del horario de servicio deberá ser dispuesta mediante resolución fundada del jefe de Policía, con intervención previa del Departamento de Medicina Laboral y de la Asesoría Letrada de la institución, siempre que la denuncia sea considerada verosímil.
La propuesta también dispone que, una vez aplicada la medida, el efectivo denunciado sea sometido de manera inmediata a una evaluación psicodiagnóstica y, cuando corresponda, toxicológica. Durante ese período, el arma de dotación quedará retenida preventivamente.
Según el texto, si el agente resulta apto tras los estudios, podrá volver a utilizar el arma durante el servicio, aunque continuará impedido de portarla fuera de horario. En cambio, si es considerado no apto, deberá tomar licencia por razones de salud y acreditar el cumplimiento de tratamientos médicos hasta superar la situación que motivó la restricción.
Otro de los cambios relevantes es la eliminación de plazos fijos para levantar la medida. El proyecto establece que la restitución de la portación solo podrá concretarse cuando exista alta médica favorable y, además, la Justicia haya resuelto la situación judicial mediante archivo de la causa, sobreseimiento, absolución u otra decisión que extinga la acción penal relacionada con los hechos denunciados.
La iniciativa incorpora además una figura específica para los casos de reincidencia. Si un efectivo vuelve a ser denunciado por hechos de violencia mientras se encuentra vigente una restricción anterior, se reiniciará el procedimiento de control y la nueva situación quedará asentada en su legajo personal como antecedente obligatorio a considerar en futuros ascensos.
En los fundamentos, los autores sostienen que la ley actual presenta dificultades operativas y vacíos interpretativos, especialmente en relación con la obligación legal que tienen los policías de intervenir ante delitos incluso cuando se encuentran fuera de servicio. También cuestionan la existencia de medidas automáticas y plazos rígidos que, a su entender, no contemplan la diversidad de situaciones que pueden presentarse.
Según argumentan, la reforma busca mantener la finalidad protectoria de la norma resguardar la integridad de las víctimas de violencia, pero incorporando criterios técnicos, evaluaciones profesionales y garantías para el personal policial denunciado. El proyecto deberá ahora ser analizado por las comisiones legislativas antes de su eventual tratamiento en el recinto.
