El Senado postergó el debate de la reforma sobre propiedad privada impulsada por el Gobierno
La iniciativa incluye cambios en la compra de tierras por extranjeros, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. El tratamiento quedó para una próxima sesión. El Senado postergó el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad priva
La iniciativa incluye cambios en la compra de tierras por extranjeros, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. El tratamiento quedó para una próxima sesión.
El Senado postergó el tratamiento del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, una de las iniciativas que propone modificaciones en materia de compra de tierras rurales por parte de extranjeros, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. La decisión fue planteada en el recinto por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, una vez finalizado el debate de los pliegos judiciales.
Según fuentes parlamentarias, uno de los puntos que genera mayor discusión es la reforma al régimen de tierras rurales, ya que el proyecto elimina los límites vigentes para la adquisición de propiedades por parte de particulares extranjeros.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, sufrió cambios durante su tratamiento legislativo. Entre ellos, se eliminó el capítulo referido a barrios populares y se modificaron aspectos vinculados a extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. En relación con las tierras rurales, el texto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas controladas por gobiernos adquieran inmuebles, aunque elimina las restricciones para particulares y sociedades privadas del exterior.
Además, incorpora un procedimiento acelerado para los casos de usurpación, mientras que para los conflictos derivados de contratos de alquiler se mantienen las instancias de intimación previas antes de avanzar con una orden de desalojo. Otro de los cambios apunta al régimen de expropiaciones, donde se establece que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y contar con fundamentos específicos. También se fijan nuevos criterios para el cálculo de indemnizaciones e intereses.
Por último, el proyecto propone eliminar las restricciones temporales para modificar el uso de tierras rurales afectadas por incendios. En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el destino de las superficies alcanzadas por el fuego, aunque se elimina el plazo de 60 años previsto en la legislación actual.
