Universidades y Gobierno estuvieron cerca de un acuerdo, pero una exigencia oficial frenó la negociación
El Ejecutivo ofreció una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes universitarios, pero condicionó el entendimiento al retiro de una demanda judicial por el financiamiento universitario. La propuesta fue rechazada por las autoridad
Universidades y Gobierno estuvieron cerca de un acuerdo, pero una exigencia oficial frenó la negociación
El Gobierno nacional y las universidades públicas mantuvieron esta semana una reunión reservada en busca de destrabar el conflicto que desde hace meses atraviesa al sistema universitario argentino. Aunque ambas partes lograron acercar posiciones en materia salarial y presupuestaria, la negociación quedó estancada debido a una condición planteada por el Poder Ejecutivo que fue rechazada por las autoridades universitarias.
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y contó con la participación de representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La reunión se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las universidades, luego de las masivas movilizaciones realizadas en defensa de la educación superior pública.
Según trascendió, la propuesta oficial contemplaba una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes universitarios, destinada a recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 2024 y 2026. El incremento se abonaría en dos etapas: un 21,3% durante junio y el 3% restante en octubre.
Además, el Ejecutivo propuso la creación de una comisión técnica encargada de analizar la deuda salarial acumulada y avanzar en un esquema de negociaciones paritarias trimestrales para los próximos meses.
Si bien sectores universitarios consideraron que la oferta representaba un avance significativo respecto de propuestas anteriores, el acuerdo finalmente no prosperó. El principal obstáculo fue la exigencia del Gobierno de que las universidades retiren la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La normativa, aprobada por el Congreso, contempla mecanismos de actualización para salarios, becas y partidas universitarias en función de la inflación. De acuerdo con estimaciones oficiales, su implementación tendría un costo cercano a los 2,5 billones de pesos, cifra que el Gobierno considera incompatible con su política de equilibrio fiscal.
Desde el ámbito universitario rechazaron de plano la posibilidad de desistir de la acción judicial. Fuentes del Consejo Interuniversitario Nacional señalaron que la demanda constituye una herramienta fundamental para garantizar el cumplimiento de una ley vigente y aseguraron que no están dispuestos a retirarla bajo ninguna circunstancia.
De esta manera, pese a los avances registrados en las conversaciones, el conflicto universitario continúa abierto y sin una solución definitiva. Mientras tanto, la expectativa está puesta tanto en una eventual reanudación del diálogo como en la resolución que pueda adoptar la Corte Suprema respecto del reclamo presentado por las universidades públicas.
