Universidades: el Gobierno ofreció un 24% de aumento, pero exigió una condición que frenó el acuerdo
En una reunión reservada, el Ejecutivo y las universidades acercaron posiciones en el marco del conflicto universitario, pero la negociación se cayó por la exigencia oficial de retirar una demanda ante la Corte.
Universidades: el Gobierno ofreció un 24% de aumento, pero exigió una condición que frenó el acuerdo
En una reunión reservada, el Ejecutivo y las universidades acercaron posiciones en el marco del conflicto universitario, pero la negociación se cayó por la exigencia oficial de retirar una demanda ante la Corte.
4 de Junio de 2026
En una reunión reservada, el Ejecutivo y las universidades acercaron posiciones en el marco del conflicto universitario, pero la negociación se cayó por la exigencia oficial de retirar una demanda ante la Corte.
En el marco del conflicto universitario, el Gobierno nacional y las universidades públicas avanzaron en una reunión de bajo perfil hacia un principio de acuerdo salarial y presupuestario, aunque la negociación terminó frustrada por una condición clave impuesta por el Poder Ejecutivo: el retiro de una demanda judicial que actualmente se encuentra en la Corte Suprema.
Una condición inapelable
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un intento por destrabar el conflicto que había escalado tras la última Marcha Federal universitaria. Según fuentes de ambas partes, la propuesta oficial incluía una recomposición salarial del 24,3%, destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 2024 y parte de 2026.
El incremento salarial estaba previsto en dos tramos: un 21,3% a abonarse en junio y el 3% restante en octubre, además de la creación de una comisión técnica para revisar la deuda salarial pendiente y establecer paritarias trimestrales hacia adelante.
Una propuesta en discusión
Según informaron a TN, pese a que la propuesta fue considerada razonable por sectores de la comunidad universitaria, el acuerdo no logró cerrarse.
El punto de quiebre fue el pedido del Ejecutivo para que las universidades desistan de la acción judicial que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Dicha normativa establece aumentos salariales y de becas ajustados por inflación, lo que representa un costo estimado en 2,5 billones de pesos según cálculos oficiales. Desde el Gobierno sostienen que su cumplimiento afectaría el objetivo de equilibrio fiscal.
En este contexto, la negociación se tensó al máximo y derivó en el estancamiento del entendimiento, a pesar de los avances en materia salarial.
El rol de la Justicia y la tensión institucional
El reclamo judicial impulsado por las universidades busca garantizar la ejecución de la ley aprobada por el Congreso, y actualmente espera resolución en la Corte Suprema de Justicia.
Desde el sector universitario fueron categóricos al rechazar la condición planteada por el Ejecutivo. Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo, señalaron fuentes del CIN en diálogo con TN.
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