Comunidad Organizada reclamó más control sobre Pampetrol
El bloque Comunidad Organizada expuso en la Cámara de Diputados de La Pampa una serie de planteos vinculados a la transparencia institucional, el control de Pampetrol, la participación ciudadana y
El bloque Comunidad Organizada expuso en la Cámara de Diputados de La Pampa una serie de planteos vinculados a la transparencia institucional, el control de Pampetrol, la participación ciudadana y el acceso a la información pública.
Durante la sesión, el diputado Maximiliano Aliaga defendió iniciativas para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en la actividad hidrocarburífera, cuestionó la implementación de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Rosa y expresó objeciones sobre la convocatoria a la audiencia pública por el área petrolera El Medanito, al considerar que deben garantizarse mayores niveles de control y participación de la ciudadanía.
En el ingreso de los asuntos entrados, el diputado Aliaga respaldó la nota presentada junto a los bloques UCR y PRO-MID para exigir el cumplimiento de la normativa provincial y nacional en materia de Tránsito y Seguridad Vial.
Resaltó que el Gobierno Nacional avanzó en la apertura de registros para habilitar talleres de revisión técnica en todo el país, permitiendo que las verificaciones puedan realizarse en distintos establecimientos habilitados y generando una reducción de costos para los usuarios.
En ese marco, cuestionó la implementación de la RTO en la ciudad de Santa Rosa y sostuvo que la misma constituye una imposición municipal ilegal sobre una materia que corresponde exclusivamente a la Provincia.
Aliaga al respecto expresó: El Intendente Luciano Di Nápoli y su grupo, con la connivencia del Gobernador, permitieron la creación de una caja de recaudación absolutamente ilegal, pese a que la propia Asesoría de Gobierno dictaminó que la revisión técnica no es una competencia municipal, manifestó.
Asimismo, denunció la falta de funcionamiento del Consejo Provincial de Tránsito, señalando que hace casi dos años que no se reúne pese a que la normativa exige convocatorias periódicas, situación que atribuyó a la intención de sostener un sistema que perjudica a miles de pampeanos del interior, obligándolos a trasladarse a Santa Rosa para realizar el trámite.
Al ingreso de otra nota para poner en conocimiento la presentación de Comunidad Organizada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas sobre la convocatoria a Audiencia Publica respecto del área El Medanito, Aliaga aclaró que el espacio político no se opone a la realización de audiencias públicas, pero sí a procedimientos que desnaturalicen su finalidad o vulneren derechos ciudadanos.
En la presentación realizada se advirtieron serias objeciones respecto de la competencia del organismo convocante, señalando que las facultades ambientales para su convocatoria son del Ente de Políticas Ambientales, tal como lo determina la ley provincial de Ambiente N° 3195.
También se cuestionó que el informe ambiental sometido a consideración pública no habría sido elaborado por la autoridad ambiental competente, sino por quienes poseen un interés directo en el proceso licitatorio, situación que podría constituir una causal de nulidad.
Además, se observó que la participación ciudadana fue restringida exclusivamente al formato presencial en la localidad de 25 de Mayo, sin prever mecanismos virtuales que permitan intervenir a ciudadanos, organizaciones e instituciones de toda la provincia, incumpliendo principios de acceso y participación reconocidos por el Acuerdo de Escazú, expresó el diputado Aliaga.
Durante la sesión también tomó estado parlamentario un proyecto impulsado por Comunidad Organizada para modificar la Ley Provincial Nº 2.225 de Pampetrol S.A.P.E.M.
Aliaga sostuvo que durante años se incumplió la obligación de concurrir a la Cámara de Diputados por parte de los órganos de dirección y sindicatura de Pampetrol SAPEM y del propio Poder Ejecutivo para rendir cuentas sobre la situación de la empresa y de la actividad hidrocarburífera provincial.
Así como a nivel nacional los funcionarios tienen la obligación de concurrir al Congreso para informar sobre su gestión, en La Pampa debe existir la misma responsabilidad respecto de un recurso estratégico que representa aproximadamente el 10% de la recaudación provincial, afirmó.
La iniciativa establece fechas ciertas y obligatorias para la comparecencia de directores, síndicos y representantes del Poder Ejecutivo ante la Legislatura, incorpora mecanismos de rendición de cuentas sobre concesiones hidrocarburíferas y prevé consecuencias institucionales ante incumplimientos injustificados.
Asimismo, propone la creación de una Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Actividad Hidrocarburífera integrada por representantes de todos los bloques legislativos, con facultades para requerir informes y convocar a funcionarios, autoridades de Pampetrol y empresas vinculadas al sector.
El proyecto también incorpora mecanismos destinados a garantizar la máxima difusión pública de toda la información vinculada a la actividad petrolera provincial.
Por otro lado, en la misma sesión Comunidad Organizada solicitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución mediante el cual se requiere a la Presidencia de la Cámara de Diputados la elaboración y difusión de informes al finalizar cada sesión y reunión de comisión.
Aliaga sostuvo que, pese a que habitualmente se presenta a la Legislatura como la casa de la democracia y el lugar de todas las voces, en la práctica existe una fuerte desigualdad en la comunicación institucional.
El bloque Comunidad Organizada viene siendo sistemáticamente invisibilizado en la comunicación oficial de la Cámara, tanto respecto de sus intervenciones como de sus posiciones frente a distintos proyectos, expresó.
El proyecto busca garantizar la difusión de las posiciones de todos los bloques legislativos, así como la transmisión amplia de las actividades parlamentarias a través de los medios públicos financiados por los contribuyentes pampeanos.
La moción para tratarlo en la sesión fue rechazada por los demás legisladores.
Asimismo, en el orden del día se trataron diversos proyectos entre ellos el proyecto propuesto por el bloque PRO MID cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial la reglamentación de la Ley Provincial Nº 3532, que adhiere a la Ley Lucio, Comunidad Organizada recordó que la norma fue aprobada por unanimidad en 2023 tras las graves falencias institucionales que quedaron expuestas con el asesinato de Lucio Dupuy.
Sin embargo, señaló el diputado Aliaga, que transcurridos más de dos años desde su sanción, la ley continúa sin reglamentarse.
Desde el bloque sostuvieron que la demora constituye una responsabilidad política e institucional del Poder Ejecutivo, ya que la capacitación obligatoria prevista por la norma tiene como objetivo prevenir nuevas situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Por ello, consideraron necesario revisar el marco normativo vigente para garantizar su efectiva implementación por lo que no acompañaron la iniciativa.
Sobre el proyecto que del Convenio entre Nación y la Provincia de La Pampa Programa de pago de Resultados REDD+Argentina2014-16
El diputado Aliaga expresó: Apoyamos las políticas de ordenamiento del bosque de Calden que tiendan a su mayor producción y preserven el mismo, que eviten catástrofes ambientales ocurridas en 2016 con 963.000 ha quemadas. Bregamos por el uso más eficiente de los recursos económicos para este fin.
Finalmente, Comunidad Organizada acompañó el proyecto que manifiesta preocupación por la situación ambiental de la localidad de Catriló debido a la existencia de un basural a cielo abierto.
Aliaga sostuvo que se trata de una problemática que requiere respuestas urgentes y concretas, señalando que las cuestiones ambientales deben ser abordadas por encima de cualquier diferencia partidaria.
El Estado tiene responsabilidades que no puede eludir. Lo mismo ocurre con los impactos ambientales vinculados a la actividad petrolera sobre los suelos y cursos de agua de la provincia, afirmó.
En ese sentido, reclamó una intervención activa del Poder Ejecutivo para garantizar la remediación de los daños ambientales existentes y el cumplimiento efectivo de la normativa vigente, priorizando la salud de la población y la preservación de los recursos naturales.
