La Cámara alta aprobó el acuerdo de renegociación de pago con Fondos Buitre - Parlamentario
La iniciativa, que pasa a la Cámara de Diputados, obtuvo 40 votos positivos, 22 negativos y 0 abstenciones. La suma asciende a 171 millones de dólares. El plazo para su aprobación vence el próximo 30 de junio.
La iniciativa, que pasa a la Cámara de Diputados, obtuvo 40 votos positivos, 22 negativos y 0 abstenciones. La suma asciende a 171 millones de dólares. El plazo para su aprobación vence el próximo 30 de junio.
El Senado dio media sanción este miércoles a un proyecto sobre acuerdo de pago con Fondos Buitre con 40 votos positivos, 22 negativos y 0 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, antes del 30 de junio.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.
En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos. Sobre las ventajas financieras, indicó que habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes y permitirá cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.
Asimismo, establece expresamente que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.
Luego de que en la última sesión el proyecto volviera a comisiones y se informara sobre la renegociación del acuerdo, también se fijó el 30 de junio (originalmente era el 31 de mayo) como fecha límite para su aprobación, con lo cual el oficialismo en la Cámara baja tiene previsto darle celeridad al tema.
El debate
Como miembro informante, el senador Agustín Monteverde aclaró que el proyecto sufrió una modificación en el artículo 2 y explicó que se trata de los últimos acreedores holdouts de relevancia que le queda al país. Uno de ellos es Bainbridge Ltd. que tiene una sentencia a favor de 96 millones de dólares y ha obtenido sentencias de entrega de acciones de YPF que están en apelación ante la Corte de Nueva York que fijó la fecha y está en suspenso.
Por otro lado tenemos al grupo de entidades que están alineadas en Attestor Value Master Fund LP. Que obtuvieron 16 sentencias entre 2020 y 2024, que en marzo del año pasado lograron la ejecución de garantías, excedentes de bonos por 266 millones de dólares, están en apelación 96 millones de dólares a decidirse en la Corte y que está en suspenso porque la fecha ya pasó, explayó.
Monteverde sostuvo que la Ley 27.249 facultó al Poder Ejecutivo a negociar y normalizar la relación con los holdouts cosa que fue respaldada por la Ley de Presupuesto vigente, y precisó las ventajas que el acuerdo trae al país como el fin de las acciones de Discovery, contiene una cláusula donde ambas entidades se comprometen a no iniciar nuevas acciones y tampoco interferir en operaciones de financiamiento de la república; extingue los dos principales litigios pendientes; el acuerdo concede indemnidad por los gastos legales.
La entrega es contra el pago, ni bien pagamos recibimos los bonos que formaron parte de la sentencia. Se trata de una quita conforme a la ley porque respeta los principios de eficiencia contemplado por la Ley 24.156 y principios de razonabilidad. Hemos logrado un descuento de más del 35%, precisó.
El senador libertario consideró que se trata de un acuerdo razonable, conveniente y legal. Al referirse a la modificación del artículo 2 del proyecto aclaró que la enmienda no cambió en absoluto el contenido en sí del acuerdo, solo se dieron de baja algunos bonos que quedaron prescriptos y carecen de fuerza legal.
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