El Gobierno exoneró a Ricardo Echegaray de ARCA tras su condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos - Diario Panorama
La medida se adoptó en cumplimiento de una orden judicial vinculada a la causa Oil Combustibles. El ex titular de la AFIP continuaba como empleado de planta del organismo pese a haber dejado su cargo en 2015.
La medida se adoptó en cumplimiento de una orden judicial vinculada a la causa Oil Combustibles. El ex titular de la AFIP continuaba como empleado de planta del organismo pese a haber dejado su cargo en 2015.
El Gobierno nacional dispuso este jueves la exoneración de Ricardo Echegaray de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en cumplimiento de la condena que pesa sobre el exfuncionario por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La decisión se tomó en el marco de un expediente administrativo que analizaba la situación laboral del ex titular de la entonces AFIP durante los gobiernos kirchneristas. Aunque había dejado la conducción del organismo en 2015, Echegaray continuaba formando parte de la planta permanente.
Desde ARCA informaron que la medida responde a la necesidad de dar cumplimiento a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que le fue impuesta por la Justicia. En consecuencia, el organismo encabezado por Andrés Vázquez resolvió formalizar su desvinculación definitiva.
La resolución se apoya en la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 en el marco de la causa Oil Combustibles, en la que Echegaray fue hallado culpable de administración fraudulenta agravada. Por ese fallo recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública.
Tras la sentencia, el exfuncionario impulsó distintas instancias de apelación con el objetivo de revertir la condena. Sin embargo, el pasado 12 de mayo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por su defensa.
Con esta decisión, el Gobierno avanzó en la aplicación de las consecuencias administrativas derivadas de la condena judicial y dejó sin efecto la relación laboral que Echegaray mantenía con el organismo recaudador.
