El Gobierno ofreció más fondos a las universidades, pero pidió que retiren la demanda judicial
La propuesta oficial incluye una recomposición salarial del 24,3% para docentes, aumentos en becas y mayores partidas para funcionamiento y hospitales universi
El Gobierno nacional les ofreció esta semana a las universidades públicas una recomposición salarial del 24,3% para los docentes, mayores partidas para funcionamiento, hospitales universitarios y becas, durante una reunión mantenida con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el objetivo de destrabar el conflicto presupuestario. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a un acuerdo debido a que el Ejecutivo condicionó la propuesta al retiro de la demanda judicial impulsada por las casas de estudio por el financiamiento universitario.
El encuentro se realizó en un ámbito reservado y contó con la participación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objetivo fue buscar una salida al conflicto presupuestario que derivó en la última Marcha Federal Universitaria.
Según trascendió, la propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,3% para los docentes universitarios. El incremento apunta a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre parte de 2024, todo 2025 y los primeros meses de 2026. La oferta establece que el aumento se abonará en dos etapas: un 21,3% durante junio y el 3% restante en octubre.
Además, el Gobierno propuso la creación de una comisión técnica para analizar las diferencias pendientes correspondientes a 2024 y avanzar en un esquema de negociaciones paritarias trimestrales.
La iniciativa también incluye un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades y una partida adicional de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios.
En paralelo, continúa pendiente la definición de un nuevo criterio para distribuir más de 79.000 millones de pesos destinados a esos centros de salud, una situación que había generado preocupación por el impacto que podría tener en la prestación de servicios.
Fuentes universitarias calificaron la propuesta como "razonable", aunque aclararon que la negociación se estancó cuando el Gobierno condicionó el acuerdo al retiro de la demanda judicial presentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esa normativa establece actualizaciones para salarios y becas vinculadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según estimaciones, su aplicación implicaría una erogación cercana a los 2,5 billones de pesos, una cifra que el Ejecutivo considera incompatible con su objetivo de mantener el superávit fiscal.
Desde las universidades descartaron aceptar esa condición. "Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno", señalaron rectores universitarios.
Las autoridades académicas consideran que la acción judicial constituye una garantía que no están dispuestas a abandonar y sostienen que tampoco existe consenso dentro de la comunidad universitaria para hacerlo.
Al mismo tiempo, remarcaron que la propuesta oficial demuestra que existen recursos para atender los reclamos del sector. "Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra", expresaron.
Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que el Consejo Interuniversitario Nacional, presidido por Franco Bartolacci, mantiene una posición inflexible respecto de la causa judicial y advirtieron que esa postura dificulta alcanzar una solución definitiva al conflicto.
Por el momento, ambas partes mantienen abiertas las conversaciones, aunque coinciden en que para llegar a un acuerdo será necesario que alguno de los sectores modifique su posición.
