El Gobierno ofreció 24,3% de aumento salarial a las universidades pero exigió que retiren la demanda ante la Corte
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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades avanzaron en un principio de acuerdo para un aumento salarial del 24,3% y otros puntos clave. Sin embargo, las negociaciones se frustraron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que espera fallo de la Corte Suprema, según confirmaron fuentes de ambos sectores.
En un territorio neutral, elegido para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores que representaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.
La propuesta salarial y los montos ofrecidos por el Ejecutivo
De acuerdo con lo que reconstruyeron las partes, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarcaría la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo.
Ese incremento se pagaría en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre, plantearon en la mesa de negociación.
El acuerdo incluía además la conformación de una comisión técnica para trabajar sobre el período adeudado de 2024 y, hacia adelante, garantizar negociaciones paritarias cada tres meses.
Becas, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios
En paralelo, el Gobierno puso sobre la mesa otros componentes económicos. Ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para los gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
Al mismo tiempo, las universidades aguardan la convocatoria oficial para acordar el nuevo criterio de distribución de una partida superior a $79.000 millones destinada a esos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y advertencias sobre el posible riesgo en la atención por falta de presupuesto.
Fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron en diálogo con este medio que la propuesta económica del Ejecutivo es razonable. No obstante, remarcaron que la negociación se cayó cuando el Gobierno exigió que las casas de estudio retiren la demanda judicial que reclama la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.
Esa norma obliga a cumplir los aumentos en salarios y becas de acuerdo al IPC, lo que implica un monto que ronda los $2,5 billones y que, según el Ejecutivo, atenta contra el objetivo de mantener el superávit fiscal.
El rechazo de los rectores a levantar la demanda ante la Corte
Desde el lado universitario, la respuesta fue tajante. Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno, insistieron los rectores en diálogo con TN.
Para las casas de estudio, la demanda judicial funciona como un resguardo que no están dispuestas a perder. A la vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para retirar la acción.
En cambio, ponen el foco en que la propia propuesta oficial demuestra que el Gobierno cuenta con recursos para resolver el conflicto y que el punto de choque es estrictamente político y jurídico.
Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra, subrayaron las fuentes consultadas, con la expectativa de que el conflicto pueda encaminarse en el transcurso de esta semana.
La mirada del Gobierno y el rol del CIN
Desde el Ejecutivo, en tanto, replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), conducido por Franco Bartolacci, no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad académica.
En esa línea, cuestionaron que esa postura lleve a todos a un conflicto sin solución y remarcaron que, para que haya acuerdo, alguna de las partes deberá dar el brazo a torcer.
Por ahora, tanto el Gobierno como los rectores coinciden en que hay margen para seguir conversando, pero mantienen firme su condición central: el Ejecutivo, la baja de la demanda; las universidades, conservar el resguardo judicial mientras se negocia la salida política y presupuestaria.
