Una reforma que puede marcar el camino para otras provincias
El reciente cambio normativo en la provincia impulsa procedimientos técnicos y transparentes que buscan reducir conflictos judiciales en el ámbito laboral, mejorando condiciones para trabajadores y empresas y sirviendo de referencia para otras jurisd
Quienes formamos parte del sistema asegurador conocemos desde hace años una realidad difícil de sostener: mientras los índices de siniestralidad laboral muestran una tendencia descendente, la litigiosidad continúa creciendo en distintas provincias del país. Esa distorsión no solo afecta la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo, sino también la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
En ese contexto, la reforma impulsada por la provincia de Santa Fe representa una señal muy positiva. La sanción de la Ley 14.437 introduce cambios relevantes al Código Procesal Laboral y a la ley provincial de adhesión al sistema de riesgos del trabajo, con un objetivo claro: reducir la litigiosidad innecesaria, fortalecer la objetividad técnica y mejorar la previsibilidad para trabajadores, empleadores y aseguradoras.
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Se trata de una iniciativa importante porque aborda algunos de los principales problemas que vienen afectando al sistema. Durante años, muchos procesos judiciales avanzaron sin una fundamentación técnica suficiente respecto de lo resuelto previamente por las Comisiones Médicas. A eso se sumó un esquema pericial que, en algunos casos, generaba incentivos distorsivos y profundizaba la conflictividad.
Mientras los índices de siniestralidad laboral muestran una tendencia descendente, la litigiosidad continúa creciendo en distintas provincias del país
La nueva normativa introduce criterios más claros. Por un lado, exige que quienes recurran a la Justicia expongan fundamentos concretos que justifiquen apartarse del dictamen administrativo. Por otro lado, crea un Cuerpo Especializado de Profesionales dentro del Poder Judicial, integrado por expertos seleccionados por concurso, para intervenir en las pericias vinculadas a accidentes y enfermedades laborales.
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Este último punto es especialmente relevante. La calidad técnica y la objetividad de las pericias son fundamentales para recuperar confianza en el sistema. Cuando existen reglas claras, criterios homogéneos y previsibilidad, se generan mejores condiciones para todos los actores involucrados.
El impacto de estas reformas excede lo jurídico. En provincias con fuerte perfil productivo, como Santa Fe, los costos asociados a la litigiosidad laboral terminan impactando directamente sobre las empresas, el empleo y la inversión. Para muchas pymes, la incertidumbre sobre los costos futuros vinculados a reclamos judiciales representa una dificultad concreta al momento de planificar, contratar o crecer.
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Por eso, avanzar hacia sistemas más eficientes y técnicamente sólidos no debería entenderse únicamente como una discusión del sector asegurador. También es una conversación sobre competitividad, desarrollo productivo y generación de empleo formal.
La nueva normativa exige que quienes recurran a la Justicia expongan fundamentos concretos que justifiquen apartarse del dictamen administrativo
Desde ADIRA venimos sosteniendo la importancia de promover marcos regulatorios que aporten mayor previsibilidad y reduzcan la conflictividad innecesaria, sin afectar los derechos de los trabajadores. La experiencia de Santa Fe demuestra que es posible avanzar en ese equilibrio.
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Naturalmente, el verdadero desafío comienza ahora: la implementación. Será clave que el nuevo esquema funcione con agilidad, profesionalismo y transparencia para que pueda cumplir con los objetivos planteados.
Pero más allá de su aplicación concreta, la iniciativa santafesina deja una señal importante para el resto del país. Argentina necesita discutir cómo construir sistemas laborales y aseguradores más modernos, eficientes y sostenibles. Y en esa conversación, sería muy valioso que otras provincias también se animen a impulsar reformas que ayuden a reducir la litigiosidad, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para producir y trabajar.
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El autor es CEO de Grupo San Cristóbal y Presidente de ADIRA
