El oficialismo posterga el pliego de Michelli y busca aprobar 50 jueces
La Cámara Alta también debatirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El pliego de la candidata a integrar un tribunal de La Plata se discut
El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 con una agenda impulsada por el oficialismo que incluye el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el acuerdo con bonistas por la deuda en default de 2001 y una serie de nombramientos para la Justicia Federal.
La sesión fue acordada durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidente Victoria Villarruel y se desarrollará en medio de negociaciones políticas y tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.
EL PLIEGO QUE DIVIDE AL OFICIALISMO
Uno de los temas que generó mayor controversia en los últimos días fue el pedido del presidente Javier Milei para retirar la candidatura de María Verónica Michelli al Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.
Si bien el Senado dará ingreso formal a la solicitud del Ejecutivo, el tratamiento del expediente fue postergado para la próxima semana.
La situación provocó diferencias dentro del oficialismo luego de que la senadora Patricia Bullrich anticipara que no acompañaría el retiro de la postulación. La postura de la legisladora encontró respaldo en sectores de la oposición dialoguista, que habitualmente acompañan iniciativas del Gobierno.
Tras una serie de reuniones, entre ellas un encuentro entre Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el conflicto quedó momentáneamente desactivado y el debate fue diferido para una próxima sesión.
AVANZA EL TRATAMIENTO DE 50 PLIEGOS JUDICIALES
Durante la jornada también se debatirá la aprobación de 50 nombramientos para la Justicia Federal sobre un total de 73 expedientes que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.
Entre los candidatos incluidos en la lista figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
También aparecen Laureano Durán, Juan Pablo Moldes, Javier Arzubi Calvo y Ana María Juan, entre otros postulantes.
En cambio, quedarán pendientes para futuras sesiones 23 pliegos que generaron cuestionamientos políticos y judiciales.
EL PROYECTO DE PROPIEDAD PRIVADA
Otro de los puntos centrales será el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La iniciativa propone modificaciones al Código Civil y Comercial, al régimen de expropiaciones, a las normas de desalojo y a la legislación vinculada con la propiedad de tierras.
Entre los cambios más relevantes, establece que las indemnizaciones por expropiación se calcularán únicamente sobre el valor de mercado y los daños directos, excluyendo ganancias potenciales o valores afectivos.
Además, prohíbe la transferencia de dominio antes del pago total de la indemnización y fija un límite de 60 días para las ocupaciones temporarias.
El proyecto también elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica aspectos de la Ley de Manejo del Fuego relacionados con el uso de terrenos afectados por incendios.
Desde el oficialismo sostienen que la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica y brindar mayores garantías a los propietarios.
ACUERDO CON BONISTAS POR EL DEFAULT DE 2001
La Cámara alta también analizará el acuerdo alcanzado entre el Estado argentino y fondos acreedores que mantuvieron litigios judiciales por la deuda en default de 2001.
El entendimiento contempla un desembolso total de 171 millones de dólares para cerrar causas que aún permanecen abiertas en tribunales de Nueva York.
Según lo acordado, el fondo Bainbridge recibirá 67 millones de dólares, mientras que el grupo de acreedores liderado por Attestor percibirá otros 104 millones.
El Gobierno considera que la aprobación legislativa permitirá cerrar definitivamente uno de los últimos litigios vinculados al default y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda emitida antes del 1 de enero de 2002.
