Escándalo en Sarmiento: suspendieron a dos concejales oficialistas
La medida se tomó cuatro meses después de una polémica sesión en la que los ediles dejaron sus bancas. El trasfondo es una interna política que terminó en la Justicia y enfrenta al oficialismo municipal con el presidente del Concejo.
El Concejo Deliberante de Sarmiento suspendió por siete días a los concejales oficialistas Valeria Ríos y José Luis Fernández. La sanción tuvo lugar por un episodio ocurrido el 2 de febrero pasado, cuando ambos ediles abandonaron una sesión extraordinaria convocada por el presidente del cuerpo, Lucas Gómez, para debatir sobre una presentación judicial que los propios concejales habían realizado contra su reelección al frente del Concejo.
La suspensión aprobada por el Concejo Deliberante tiene su origen en una sesión extraordinaria realizada el 2 de febrero pasado. Ese día, Ríos y Fernández se levantaron de sus bancas durante una reunión convocada por Gómez para tratar, entre otros temas, las presentaciones judiciales impulsadas contra su continuidad al frente del cuerpo. Para la mayoría de los concejales, esa conducta configuró una falta reglamentaria que derivó en la sanción de siete días.
Detrás de ese episodio hay una disputa política que viene escalando desde fines del año pasado. Gómez llegó al Concejo por el mismo espacio que el intendente Alfredo Castro, pero comenzó a mostrar cercanía con La Libertad Avanza (LLA). Aunque nunca formalizó un salto partidario, empezó a trabajar políticamente con referentes libertarios y se alejó del esquema oficialista.
En diciembre, Gómez consiguió la reelección como presidente gracias al apoyo de tres concejales peronistas, una jugada que cayó mal en el entorno del jefe comunal. Sin embargo, el reglamento interno no le impedía continuar en el cargo pese a su acercamiento a otro espacio político.
La disputa luego pasó a la Justicia. Primero fue el propio Castro quien intentó cuestionar la reelección de Gómez, pero su planteo fue rechazado. Después avanzó la concejal Ríos con una presentación similar. La jueza Amanda Díaz también desestimó esa acción al entender que la edil buscaba impugnar una decisión tomada por el mismo cuerpo del que forma parte.
El fallo además tuvo una consecuencia económica para el Municipio. La magistrada dispuso que cada parte afronte los gastos de sus propios abogados, por lo que los honorarios de la letrada que representó al Concejo Deliberante deberán ser abonados por el propio cuerpo legislativo, es decir, con fondos municipales.
