Multitudinaria marcha: Renuevan los reclamos por más protección y políticas públicas
A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones feministas y de la diversidad volverán a concentrarse este 3 de junio en la Plaza San Martín de Santa Rosa para reclamar por el
A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones feministas y de la diversidad volverán a concentrarse este 3 de junio en la Plaza San Martín de Santa Rosa para reclamar por el fin de las violencias de género y exigir el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención, asistencia y acceso a derechos.
En el documento que será leído durante la jornada, las organizaciones expresan preocupación por el incremento de los femicidios, los crímenes de odio, las dificultades para acceder a la justicia y el desfinanciamiento de programas vinculados a la salud sexual, la diversidad y la protección de mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQ+.
El documento textualmente expresa lo siguiente:
NI UNA MENOS 3 DE JUNIO 2015 / 3 DE JUNIO 2026 11 AÑOS 3424 VÍCTIMAS FATALES 3073 FEMICIDIOS Y VINCULADOS DE MUJERES Y NIÑAS UNA CADA 30 HORAS 3840 HIJAS E HIJOS QUEDARON SIN MADRE
A 11 años del primer Ni Una Menos, estos datos solo dicen lo que sostenemos mes tras mes: las mujeres, niñas, niños y diversidades estamos en peligro. Hoy en Argentina se niega el género como categoría de análisis, se incumplen leyes y tratados internacionales, se desfinancian o eliminan programas y políticas públicas para la protección y prevención de las violencias y cada vez es más difícil el acceso a la justicia. El riesgo es permanente. El femicidio de Agostina Vega en Córdoba nos hace nuevamente atravesar la bronca, la tristeza y la impotencia por un Estado que no reconoce la existencia de la violencia machista. El femicidio y las otras formas que la preceden no paran ni disminuyen. En aquel primer NI UNA MENOS reclamamos estadísticas oficiales pero la justicia cuenta las causas, carátulas. Muchos de los femicidios que día a día relevan compañeras de los observatorios oficializados al no haberse cometido en un ámbito familiar, en contexto de narcotráfico o no tienen causas iniciadas. Del 1 de enero al 30 de mayo de 2026, registramos 104 víctimas: 90 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios, 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños y 233 tentativas de femicidios. El cumplimiento de la Ley 26.485 sigue siendo una deuda del estado. Mientras en el congreso quieren castigar a quienes denuncian.
El proyecto de ley de falsas denuncias ya tiene dictamen en el Senado. Propone aumentar las penas por «falsa denuncia», «falso testimonio» y «encubrimiento» solo cuando se trate de violencia de género, abuso sexual o delitos contra niñas, niños y adolescentes. Pone en duda la palabra de las víctimas y desalienta las denuncias. Según la ONU las denuncias falsas en Argentina son mínimas. El verdadero problema es que muchas víctimas no son escuchadas ni protegidas. Esto impacta de manera más grave en niños, niñas y adolescentes: más miedo y más silencio solo generan más impunidad. En lugar de fortalecer los mecanismos de acompañamiento, investigación y acceso a la justicia, se promueve una herramienta que puede ser utilizada para disciplinar a quienes se animan a hablar.
Es una ley que ataca especialmente a las madres protectoras y las infancias. Estos delitos ocurren el 80% en el ámbito intrafamiliar. Defender a las víctimas es una responsabilidad pública. Las lesbianas, bisexuales y personas de las disidencias sexogenéricas somos parte de este dolor colectivo y también somos blanco específico de la violencia patriarcal y lesboodioante. El lesboodio mata, y el silencio del Estado también. Mientras el Estado desmantela políticas de diversidad, desfinancia programas y habilita un clima de impunidad, las lesbianas especialmente las más jóvenes, las migrantes, las racializadas y las que vivimos en territorios con menor acceso a la justicia quedamos más expuestas: ataques a parejas lésbicas en la vía pública, amenazas a militantes, violencia institucional y discursos de odio que se traducen en cuerpos lastimados y vidas arrebatadas.
El Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano» de La Casa del Encuentro registró al menos un lesbicidio y tres trans/travesticidios entre las 262 víctimas fatales de violencia de género en Argentina en 2025 y ese número mínimo habla del subregistro estructural que padecemos: los lesbicidios muchas veces no se caraturlan como tales, quedan invisibilizados dentro de femicidios «genéricos» o directamente no tienen causa iniciada. El triple lesbicidio de Barracas en 2024, donde las tres mujeres habían sido amenazadas reiteradamente antes de ser asesinadas, es prueba de que la violencia lesboodioante existe y escala aunque el Estado tarda en reconocerla y nombrarla. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ reportó que en el primer semestre de 2025 los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género crecieron un 70% respecto al mismo período del año anterior, llegando a 102 ataques registrados en solo seis meses Porque el lesboodio mata, y el silencio del Estado también. La violencia feminicida no es la única no es la única de sus formas, también se ejerce desde el Estado cuando un gobierno decide el desfinanciamiento de la salud. El aborto es legal desde 2020 por la Ley 27.610 pero desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei interrumpió la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar abortos seguros, redujo drásticamente la provisión de anticonceptivos y preservativos y desmanteló políticas públicas que habían demostrado resultados concretos en la reducción del embarazo adolescente y de la mortalidad materna. Esos embarazos no intencionales se van a terminar transformando en maternidades forzadas y sabemos que la maternidad forzada afecta obviamente la integridad física y psíquica de las personas y también afecta su proyecto de vida y las oportunidades de desarrollo personal.
Las consecuencias del desfinanciamiento de las políticas de salud sexual ya pueden estimarse: 840.000 mujeres dejarán de estar protegidas de embarazos no intencionales, se producirán 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos que podrían haberse evitado y hasta 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales. En este contexto, y frente a las reiteradas vulneraciones del principio de confidencialidad hacia mujeres, adolescentes y niñas que demandan atención para preservar su vida o su salud, reclamamos que las autoridades de todas las jurisdicciones garanticen y exijan su cumplimiento. Este derecho, reconocido por la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional, es fundamental para evitar la criminalización y el retraso en las consultas, situaciones que incrementan los riesgos para la salud y la vida de las personas.
La inversión en salud sexual y reproductiva como una política económica estratégica habilitará mejores condiciones de desarrollo para el país. Así, garantizando derechos se evitarán muertes, enfermedades y dolor prevenibles. Más que nunca la lucha es con todas juntas en la calle porque destruyeron todas las formas de organización comunitaria y colectiva. Porque estamos hartas, desgastadas, y aún así somos las que sostenemos la crisis de un país desde las bases, en comedores, en las escuelas, en los hospitales, cuidamos a los viejos y a las infancias. El silencio es complicidad, nosotras continuaremos reclamando y trabajando:
Por las mujeres. Por las niñas y niños. Por las diversidades. Por las migrantes. Por las que tienen discapacidad. Por las integrantes de pueblos originarios. Ni Una Menos Nunca Más.
