PAMI: advierten que corre riesgo la atención en clínicas a los afiliados | El Dia
Reclaman una adecuación de valores y mayor celeridad en los pagos al sector. También plantean por débitos injustificados
Prestadores de salud que mantienen convenio con PAMI lanzaron una advertencia pública sobre el estado crítico que atraviesa el sistema de atención médica para jubilados y pensionados en la Argentina. A través de un comunicado conjunto firmado por ADECRA, CAPRESS, ACAMI, FECLIBA, Salud Federal y CONFECLISA -que agrupan a clínicas, sanatorios, hospitales privados y otros establecimientos del sector en todo el territorio nacional-, las organizaciones alertaron que la falta de una actualización adecuada de los valores de las prestaciones, sumada a débitos que califican de injustificados, pone en riesgo la continuidad de los servicios para millones de afiliados.
Según detallan las entidades, el atraso acumulado en los aranceles que PAMI abona a sus prestadores alcanza el 102%. Se trata de una brecha que se fue profundizando a lo largo de los últimos meses y que, según el sector, ya no puede ser absorbida por las instituciones sin poner en riesgo su viabilidad operativa.
Frente a ese déficit, las autoridades del organismo anunciaron incrementos de apenas el 1,9% para junio y el 1,9% para julio de 2026. Las actualizaciones, además, no se verán reflejadas de inmediato en los ingresos de los prestadores: recién impactarán en las liquidaciones correspondientes a agosto y septiembre próximos. Para el sector, esas cifras resultan manifiestamente insuficientes para cubrir los costos reales de funcionamiento de las instituciones de salud, en un contexto en el que los gastos operativos -insumos, medicamentos, salarios, energía- siguieron subiendo a un ritmo muy superior.
Según consigna el comunicado, en los encuentros mantenidos entre representantes del sector y funcionarios de PAMI se reconoció la existencia de la problemática. Sin embargo, ese reconocimiento no se tradujo en medidas proporcionales a la magnitud del problema. Este diario realizó la consulta correspondiente a PAMI pero no obtuvo respuesta.
EL PESO DEL SECTOR PRIVADO
El comunicado advierte que más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen al sector privado. Eso significa que cualquier deterioro en las condiciones financieras de esos establecimientos no afecta solamente a los afiliados de PAMI, sino a la capacidad de respuesta sanitaria del conjunto del sistema nacional.
En otras palabras, si las instituciones privadas comienzan a restringir sus servicios o a abandonar sus convenios con el organismo, el impacto no se limitará a los jubilados y pensionados que hoy dependen de esa cobertura. La presión sobre los hospitales públicos y sobre el resto del sistema podría volverse insostenible, con consecuencias que se extenderían mucho más allá del universo de afiliados de PAMI.
Este punto es central para entender el pedido conjunto y dirigirlo no solo a las autoridades del organismo, sino también a la comunidad en general.
LAS DEMANDAS
Más allá del diagnóstico, las cámaras presentaron un conjunto de demandas precisas. En primer lugar, reclaman un esquema de actualización de aranceles que refleje los costos reales del sector, en lugar de incrementos que describen como simbólicos y desconectados de la realidad económica. En segundo lugar, piden avanzar hacia un modelo prestacional más simple, transparente y sostenible, que reduzca la complejidad burocrática que actualmente caracteriza la relación entre el organismo y sus prestadores.
En tercer lugar, exigen una revisión de los mecanismos de contratación y financiamiento de determinadas prestaciones específicas, un punto que apunta a corregir distorsiones puntuales que consideran inequitativas. Y en cuarto lugar reclaman una gestión clara, previsible y debidamente fundamentada de los débitos y ajustes aplicados a la facturación.
El comunicado explicita que el objetivo del sector sigue siendo preservar la atención de los beneficiarios y mantener el funcionamiento de los servicios de salud, y reitera una plena voluntad de diálogo.
No obstante, las organizaciones solicitan con carácter urgente la adopción de medidas que permitan restablecer condiciones de financiamiento adecuadas y previsibles.
