San Juan: condenaron a una funcionaria del Registro Civil por emitir DNI falsos para cometer estafas - TN24
Una ex funcionaria del Registro Civil de Pocito, en San Juan, fue condenada junto a otras cuatro personas por integrar una asociación ilícita dedicada a la emisión irregular de documentos nacionales de identidad utilizados para cometer estafas median
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San Juan: condenaron a una funcionaria del Registro Civil por emitir DNI falsos para cometer estafas
Una ex funcionaria del Registro Civil de Pocito, en San Juan, fue condenada junto a otras cuatro personas por integrar una asociación ilícita dedicada a la emisión irregular de documentos nacionales de identidad utilizados para cometer estafas mediante créditos y compras de bienes.
La principal condenada es Natalia Lorena Castillo, ex titular de la delegación Pocito del Registro Civil, quien recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, además de una multa e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo período.
Según determinó la investigación encabezada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, la organización operó entre agosto de 2024 y mediados de 2025 y provocó un perjuicio económico superior a los 142 millones de pesos.
La maniobra consistía en confeccionar documentos materialmente auténticos a nombre de personas reales, pero incorporando fotografías y datos biométricos de terceros. Con esos DNI se gestionaban préstamos, compras financiadas y otras operaciones comerciales fraudulentas.
Durante un allanamiento realizado en la vivienda de Castillo se secuestraron 197 documentos nacionales de identidad auténticos, motivo por el cual también fue condenada por tenencia ilegítima de documentación oficial y violación de los deberes de funcionaria pública.
Por su parte, Rolando Javier Navarro Saide, señalado como líder de la organización, fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión. En tanto, Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo recibieron penas de tres años y diez meses de cárcel.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una persona de la provincia de Buenos Aires que detectó la utilización de un DNI adulterado con sus datos para solicitar créditos y realizar operaciones comerciales a su nombre.
Los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de la organización, que identificaba potenciales víctimas, reclutaba personas para aportar datos biométricos y luego utilizaba la documentación obtenida para concretar maniobras fraudulentas y comercializar los bienes adquiridos.
