La Justicia investiga la construcción de diques y la fumigación con agroquímicos en una zona del Delta - Noticias - Elentrerios.com
El Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Martín, dispuso una constatación en un campo de 5.300 hectáreas ubicado en ...
La medida se ordenó a instancia de una presentación de la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente. La entidad impulsa desde el año 2020 una acción preventiva de daño ambiental, así como también que se haga lugar a una recomposición ambiental e indemnización sustitutiva, luego que se detectó un terraplén de 12 kilómetros de extensión, el taponamiento de un arroyo en el Delta y el tráfico de material contaminante a las islas.
La organización litigante ha fundado su pedido en que los dueños del predio, Fabio Ernesto Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, y la empresa El Mapuche SRL, son responsables del accionar desaprensivo e ilegal donde se ha probado la realización de acciones tendientes a secar las lagunas y humedales, se indicó.
La ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente entiende que se ha demostrado cabalmente la construcción ilegal de terraplenes y/o canalizaciones sobre espacio público con el objeto de desarrollar actividades agrícolas y/o ganaderas que han afectado severamente el ambiente del humedal en Islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay, frente a la localidad bonaerense de Ramallo. En este orden, considera probada la responsabilidad material de sus propietarios y productores agroganaderos demandados advirtiendo un conjunto de anomalías antijurídicas sobre un grave escenario de riesgo tanto para el ambiente como para la salud pública.
Es por esto que, a entender de la entidad, surge de manera indubitable el deber irrenunciable de los poderes del Estado de actuar eficazmente en la tutela del ambiente y la salud pública de la comunidad, expresó en el alegato de demanda por daño ambiental. Este petitorio determinó que el juez Federal de Victoria, Federico Martín, ordenara una constatación en el terreno para determinar los daños por incendios y verificar la existencia de terraplenes en la zona referida y en su caso determinar el impacto que los mismos ocasionan, dice el escrito.
Antecedentes
Este acto de reconocimiento se inscribe en una denuncia de hace seis inviernos atrás, cuando se detectó un terraplén de 12 kilómetros de extensión con el que se taponó los drenajes naturales y se cerró el acceso al Zanjón de Gregorio, en el Delta entrerriano frente a Ramallo. Los campos denunciados donde se registraron los endicamientos pertenecen a Fabio Di Fonzo 4.500 hectáreas explotadas por El Mapuche SRL y Juan Nazar 800 hectáreas. Asimismo, se apuntó que tales construcciones tenían como fin la siembra de maíz, para lo cual se transportó ese lugar de islas sobre el río Paraná agrotóxicos, con los cuales se fumigó un perímetro de aproximadamente 25 kilómetros.Fue a partir de esta causa que el juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, admitió un amparo ambiental colectivo a fines de noviembre de 2020 donde dispuso la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el ambiente en todo el Delta del Gualeguay, extendiendo las medidas precautorias este territorio de humedales que ya regían sobre la que corresponde al departamento Victoria.
Por esta cautelar de Alonso, se ordenó retirar toda la maquinaria pesada del lugar y prohibir su nuevo ingreso al humedal, lo cual derivó en una controversia de cómo sacar de las islas la producción de maíz lograda en la temporada anterior. Es así que los hacendados comenzaron a gestionar el envío de granos a tierra firme, en un expediente donde también intervino la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), quien pidió que la firma presente la documentación que avale la propiedad de lo que quiere comercializar y que el dinero por el usufructo pase a disposición del Juzgado Federal Nº 1. Pero una vez en el despacho del juez de Victoria, el magistrado resolvió hacer lugar al pedido de la firma El Mapuche SRL para retirar un cargamento de cereales que ascendió a 730.000 kilos.
Advertencias
Ahora, para este miércoles 3, Martín tenía previsto convocar a distintas dependencias estatales para verificar la existencia de terraplenes en la zona referida y en su caso determinar el impacto que los mismos ocasionan. Se llamó a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias y del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), a los efectos de que ilustren e informen a este magistrado para una mejor evaluación respecto del posible impacto que generan los terraplenes que se encuentran en el inmueble inspeccionado, determinando fecha de posible construcción, estado de conservación de los terraplenes, y se expidan respecto del denunciado daño ambiental, su restitución y eventual soluciones, y todo dato de interés para este proceso.El juez Martín notificó a los demandados, propietarios o tenedores de la finca, el ingreso para tal diligencia, al tiempo que hizo saber que de no autorizarse se dispondrá el allanamiento del lugar, y de ser necesario se requerirá el auxilio de la fuerza pública.
