El FMI prioriza reformas y cuestiona el impulso a la política industrial - Informe Digital
El organismo advierte que los subsidios dan alivios breves y que las reformas amplias rinden más y evitan distorsiones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner en duda la eficacia de la política industrial como herramienta de desarrollo y sostuvo que, en términos generales, las reformas estructurales ofrecen mejores resultados para la economía. El planteo importa porque llega en un momento de fuerte expansión global de subsidios y apoyos sectoriales, con efectos que también alcanzan a la Argentina.
En un análisis publicado en su blog, el organismo reconoció que la política industrial ganó terreno desde 2020, primero por la pandemia y luego por la guerra en Medio Oriente, pero advirtió que muchas de esas medidas tienden a generar beneficios acotados y, en algunos casos, costos para el conjunto de la economía.
Datos del Observatorio de Nueva Política Industrial (ONPI), que releva más de 52.000 intervenciones en 75 países desde 2009, muestran que el año pasado se introdujo un volumen de medidas 2,5 veces superior al promedio prepandémico.
El ejemplo más reciente es el conflicto en Medio Oriente, que disparó respuestas oficiales para amortiguar el impacto sobre la energía y la actividad. Entre ellas hubo topes a combustibles, rebajas arancelarias y otras intervenciones de emergencia.
Al menos 305 medidas de política industrial atribuidas al conflicto fueron anunciadas en sus primeros dos meses. Entre ellas se incluyen prohibiciones a la exportación de energía y fertilizantes, subsidios para productos de energía verde y apoyo a exportadores, precisó el organismo.
El FMI señaló que el cambio de fondo está en las razones que empujan a los gobiernos a intervenir. El reciente auge de la política industrial está motivado cada vez más por preocupaciones de resiliencia y seguridad, que difícilmente disminuirán dadas las crecientes tensiones en Medio Oriente, sostuvo.
Según el informe, después de 2008 las principales justificaciones estaban ligadas a la competitividad y al cambio climático. Desde 2020, en cambio, ganaron peso la seguridad nacional, la resiliencia de las cadenas de suministro y la geopolítica.
En ese marco, los gobiernos ya no buscan solo fortalecer industrias locales, sino también reducir dependencias de rivales estratégicos y proteger sectores considerados sensibles.
El diagnóstico del Fondo es matizado: la política industrial puede funcionar, pero depende del diseño y del instrumento elegido. Aun así, advierte que sus efectos suelen ser breves y que el impulso aparece sobre todo en sectores que ya eran competitivos.
Más importante aún, el impulso se observa principalmente en sectores que ya eran competitivos. Esto es una consideración importante para los gobiernos que esperan utilizar la política industrial para construir nuevas industrias desde cero, aseguró el FMI.
El organismo explicó que los subsidios a empresas pueden elevar la inversión de capital, pero que su impacto sobre la productividad y la producción se desvanece con rapidez e incluso puede revertirse con el paso de los años.
De todos modos, reconoció efectos más sólidos cuando las medidas apuntan a objetivos como la transición verde o la resiliencia de las cadenas de valor.
Al orientarse hacia sectores con altas distorsiones de mercado, como márgenes generosos y dependencia financiera externa, el efecto puede ser hasta cuatro veces mayor, destacó el reporte.
También señaló que las políticas orientadas a la transición energética muestran mejoras más duraderas en competitividad, y que las intervenciones sobre componentes de la cadena de suministro la parte upstream parecen más efectivas que las dirigidas directamente al producto final.
El FMI concluyó que la política industrial no es un error en sí misma, porque puede haber razones económicas para aplicarla cuando existen fallas de mercado. Pero advirtió que alcanzar los objetivos prometidos es mucho más difícil de lo que sugiere su popularidad actual.
La evidencia no respalda la idea de ciclos de éxito que se refuerzan a sí mismos, donde el apoyo gubernamental fomenta la competitividad. En cambio, observamos principalmente ganancias modestas y temporales en sectores que ya eran fuertes, señaló.
El reporte también puso el foco en los efectos secundarios. Según el organismo, los gobiernos suelen subestimar el impacto más amplio de estas decisiones, que reasignan recursos hacia sectores favorecidos y pueden terminar perjudicando a la economía en su conjunto. Además, cuando un país subsidia un área estratégica, otros suelen responder de la misma manera, lo que alimenta una carrera global de subsidios costosa e ineficiente.
Si bien es claro que la política industrial ha regresado, es más difícil decir si puede generar beneficios económicos sostenidos o a qué costo. Nuestro análisis sugiere que depende de cuán cuidadosamente se diseñen las políticas, cuán bien gobernadas estén las instituciones implementadoras, la solidez de los fundamentos de la política macroeconómica del país, y si el mundo puede coordinarse en lugar de tomar represalias, añadió.
Como alternativa, el organismo sostuvo que las reformas más amplias sobre toda la economía suelen dejar mejores resultados. Señaló que las mejoras institucionales y regulatorias pueden elevar la producción en industrias ineficientes hasta un 10% en el mediano plazo, un efecto cinco veces mayor que el observado tras políticas industriales.
También destacó que las reformas financieras ayudan especialmente a los sectores con restricciones de crédito. En términos más generales, las reformas estructurales benefician a todos los sectores, evitan los riesgos de elegir ganadores y mejoran las perspectivas de éxito de la política industrial si se llega a utilizar, argumentó.
Esa mirada coincide con la del gobierno de Javier Milei, que además de desregulaciones avanzó con la reforma laboral para bajar costos empresariales y flexibilizar la contratación.
En su último staff report, el Fondo también insistió con la necesidad de avanzar en una reforma tributaria y otra previsional.
Sobre el sistema impositivo argentino, advirtió que sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, con impacto negativo sobre el crecimiento y la competitividad. Además, cuestionó la superposición entre Nación y provincias, la baja recaudación y la proliferación de regímenes especiales, en un esquema que incluye más de 155 impuestos.
En materia previsional, pidió una reforma integral para fortalecer los incentivos a aportar, mejorar la equidad entre trabajadores y sostener el sistema en el largo plazo.
