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Infobae 01/06/2026 15:53 3 min de lectura

Caso Skanska: las últimas palabras de los imputados antes del veredicto serán a fines de junio

La causa se inició hace 20 años para investigar presuntos sobornos vinculados al contrato de obras de ampliación de gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Están procesados Julio De Vido y José López

Caso Skanska: las últimas palabras de los imputados antes del veredicto serán a fines de junio
Foto: Infobae

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso que, a partir del próximo 22 de junio, escucharán las últimas palabras de los 30 imputados en el juicio oral por el caso Skanska, considerado uno de los primeros escándalos de corrupción del gobierno de Néstor Kirchner.

Durante la audiencia de este lunes, los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset rechazaron los planteos de las defensas que habían pedido la nulidad de la acusación, la prescripción de los delitos, y además, que se considere el riesgo de doble juzgamiento. Luego los fiscales solicitaron que la causa pase a dictado de sentencia sobre los hechos que se expusieron durante el juicio.

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De este modo, los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez definieron que el cronograma continuará en tres semanas con la oportunidad para los procesados de expresarse, antes de que se retiren a deliberar. Estiman que el veredicto podría darse a conocer entre fines de junio y principios de julio.

En este caso se investiga si existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos, a cambio de orientar la licitación de las obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) hacia la empresa Skanska.

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Los alegatos

El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió 5 años de prisión para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; para el ex secretario de Obras Públicas, José López; y para el ex gerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa. Asimismo, solicitó que sean sancionados con una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

En el marco de su alegato, el MPF subrayó que De Vido, López y Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada en ambos proyectos (TGN y TGS), y garantizaron que las mismas empresas obtuvieran las obras. Direccionaron los concursos y escogieron la modalidad de concursos privados de manera injustificada.

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Por otro lado, el fiscal Córdoba requirió la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de cohecho activo para los directivos y gerentes de Skanska: Mario Piantoni, Gustavo Vago, Javier Azcárate, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.

Para el contador Alfredo Norberto Greco y para el apoderado de la empresa Infinity Group, Adrián Félix López, solicitó 4 años de condena.

Finalmente, Córdoba propuso la absolución de los 17 imputados restantes al considerar que no fue acreditada su responsabilidad en los hechos. Se trata de Ignacio De Uribelarrea, Rubén Gueler, Claudio Moretto, Pedro Carrozzo, Raúl Orsini, Renato Cecchi, Walter Cecchi, Danimirio Kovacik, Daniel Nodar, Estela Insenga, Miguel Spital, Juan Ferrari, Jorge Roldán, Alejandro Tettamanti, Blas Pierotti, Jorge Butti y Enrique Rubinsztain.

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La causa

La investigación por la causa Skanska fue el primer caso de corrupción que involucró a funcionarios del kirchnerismo en el año 2006, y que puso en el tapete de los sospechosos al entonces ministro Julio De Vido y a su colaborador José López, ambos muy cercanos a Néstor Kirchner.

La instrucción estuvo a cargo del juez Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. Durante la pesquisa se sumaron nuevos hechos, por lo que se extrajo testimonio derivando en otro caso resonante, que también se encuentra en juicio oral, cerca del veredicto.

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Se trata de la causa Odebrecht, que comenzó a investigarse en 2007, para evaluar presuntas irregularidades en la contratación de la empresa para la segunda ampliación de los gasoductos.

En este segundo debate oral, también está imputado Julio De Vido, quien enfrenta un pedido de condena de 4 años de prisión como partícipe necesario de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

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