La obra social de Camioneros dejó a sus afiliados sin descuentos en medicamentos y se agrava la crisis financiera
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La obra social de Camioneros dejó de otorgar descuentos en medicamentos, incluso para enfermedades crónicas, en las farmacias que aún atendían al gremio, lo que profundiza una crisis que lleva meses.
Los afiliados también vienen dejando sus reclamos en la página web del sindicato, aunque denuncian que el administrador borra periódicamente esos comentarios, intentando minimizar el malestar interno.
Hace dos semanas, por las deudas que la obra social mantiene con distintas farmacias, éstas dejaron de vender con descuento los medicamentos a los afiliados de Camioneros. Desde entonces, el acceso a tratamientos básicos se volvió un problema cotidiano.
Hasta hace pocos días, la única alternativa que les quedaba a los trabajadores era la farmacia Farma Social, ubicada en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, en el barrio porteño de Constitución, a 200 metros de la sede del sindicato y del despacho de Hugo Moyano.
Sin embargo, esa farmacia también dejó de vender con descuento. A los afiliados que se acercaron con recetas para comprar medicamentos, sondas, leches medicamentosas para bebés y pañales, les informaron que no había stock disponible.
La opción que les ofrecieron fue pagar el 100% del valor de los productos y luego tramitar un reintegro. Pero muchos trabajadores aseguran no contar con el dinero suficiente para afrontar esos gastos de bolsillo.
Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. ¿No sé qué quieren que hagamos? Pasaron un límite, es la medicación de los chicos, advirtió un afiliado que pidió reserva de identidad.
Ese trabajador detalló que, con horas extra, cobra alrededor de $ 2.000.000 y le descuentan unos $ 30.000 de mutual, $ 60.000 de obra social y $ 70.000 de cuota sindical, montos que contrastan con la falta de prestaciones.
Otro empleado de una rama distinta del gremio, que gana $ 1.500.000 mensuales, contó que fue a la farmacia de Constitución y le dijeron que no tenían en stock lo recetado porque la droguería no les entregó. Pero la droguería no les entrega porque la obra social no les paga, resumió, describiendo una cadena de incumplimientos.
Dependiendo de la rama de actividad y de si también aportan a la mutual del sindicato, los descuentos para los afiliados iban del 50% al 90% en medicamentos. Al 40% de la cobertura base que fija el Programa Médico Obligatorio se sumaba un 10% extra por tributar a la mutual, y en algunos casos llegaba al 90% para la rama recolección de residuos que también aportaba a esa entidad.
Crisis financiera y deudas millonarias
La obra social de Camioneros arrastra una crisis profunda desde hace tiempo. A fines del año pasado, no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, lo que derivó en protestas internas.
Moyano controla dos obras sociales: OSCHOCA, que cubre a los afiliados de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende al resto del país.
De acuerdo con un informe contable oficial citado por Clarín, la obra social de la Federación Nacional adeudaba a sus prestadores $ 26.617 millones a agosto pasado. Esa cifra se elevó y, en febrero de 2026 la deuda acumulada alcanzó los $ 32.400.693,39, reflejando el deterioro financiero.
En ese contexto, circulan versiones de que Camioneros puso en venta el sanatorio Antártida y que también evalúa desprenderse de un predio de 10 hectáreas en Escobar perteneciente a su mutual, en busca de liquidez urgente para afrontar compromisos.
La estructura de gestión y el rol de la familia Moyano
La gestión de la obra social está atravesada por vínculos familiares. Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y madre de su hijo menor, es la fundadora de IARAI, la empresa gerenciadora de la obra social de Camioneros, que concentra la administración del sistema de salud del gremio.
A su vez, una hija de un matrimonio anterior de Zulet, Valeria Salerno, integra el directorio de esa compañía, lo que refuerza el control del entorno familiar sobre la estructura que maneja los millonarios fondos de la obra social.