Abuso sexual en manada en Feliciano: allanaron una vivienda clave para la investigación | Análisis
Este domingo, la Justicia realizó un procedimiento en la casa de la madre de uno de los cuatro detenidos. Todos permanecen en la Unidad Penal N°1 de Paraná.
Este domingo se realizó un nuevo allanamiento por el grave caso de abuso sexual en manada contra una joven en Feliciano. En el marco de la investigación del hecho, la Justicia ordenó un procedimiento en la casa de la madre de uno de los cuatro detenidos y logró secuestrar celulares y otros dispositivos electrónicos, que resultaron claves para la investigación.
Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la fiscal María Soledad Bordoy y serán peritados en las próximas horas. Se espera que puedan esclarecer el episodio ocurrido la noche del 24 de mayo, consignó el sitio digital Ahora.com.
Por tratarse de un caso de índole privada, los datos se manejan con reserva y precaución a los fines de no revictimizar a la persona denunciante.
Vale recordar que la semana pasada ya se había realizado una serie de procedimientos dispuestos por orden de la fiscal de la causa. Efectivos de la Policía Departamental de Feliciano dieron cumplimiento a los requerimientos con resultados positivos.
De acuerdo a la información, en La Paz se incautó una camioneta Toyota Hilux, de color blanco, que estaba siendo buscada por la Fiscalía. Además, los efectivos secuestraron prendas de vestir y una escopeta calibre 12, marca Dos Leones, con 3 cartuchos; y una escopeta calibre 12, marca Rémington.
Cuatro detenidos, entre ellos, un policía
El juez de Garantías de Feliciano, Emir Gabriel Artero, ordenó el jueves 28 de mayo la prisión preventiva por 60 días para los cuatro acusados. Entre los detenidos se encuentra un agente de la policía local. Todos fueron trasladados de inmediato a la Unidad Penal N°1 de Paraná.
Según se supo, los imputados se abstuvieron de declarar y esperaran que avance el recurso de apelación que presentaron las defensas para intentar abandonar la prisión.
La medida se tomó tras una audiencia donde se debatieron los riesgos procesales, específicamente el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Mientras que la fiscal había solicitado un plazo de 90 días, el juez resolvió fijarlo en dos meses.
