Desarticulan red de extorsión que operaba desde la cárcel de Coronda - EntreMedios
Tras tres meses de investigación, la policía entrerriana y santafesina realizó allanamientos simultáneos que permitieron identificar a los responsables de una serie de amenazas virales.
La compleja trama delictiva, que tomó estado público a principios de año tras la viralización de un video intimidatorio contra un periodista en Santa Elena, fue finalmente desbaratada. La investigación, liderada por la División Investigaciones de La Paz y el fiscal Facundo Barbosa, confirmó que la red operaba con apoyo logístico en Entre Ríos bajo directivas impartidas desde el interior de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda.
La causa se inició el pasado 26 de febrero tras denuncias por amenazas y coacción. A través de un minucioso trabajo de ciberpatrullaje, geolocalización y análisis de comunicaciones, los investigadores lograron trazar un vínculo entre el penal santafesino y las ciudades de Santa Elena y Venado Tuerto.
Los cerebros de la organización fueron identificados como dos internos del Pabellón 1, ambos condenados por infracción a la Ley de Estupefacientes. Uno de ellos, bajo el alias Paka, coordinaba las operaciones, mientras que Joel Julio Montenegro era quien aparecía en el material audiovisual amenazando a terceros.
Los operativos se ejecutaron de manera coordinada en ambas provincias. En Santa Elena, la policía irrumpió en domicilios vinculados a los sospechosos, donde secuestraron una pistola calibre .22, cartuchería, equipos informáticos y varios teléfonos celulares. Dos mujeres fueron notificadas y quedaron supeditadas a la causa.
En paralelo, personal de la PDI de Santa Fe requisó la celda de Montenegro en Coronda. Allí hallaron una tarjeta SIM clave para la investigación y realizaron el registro fotográfico de los tatuajes del interno para confirmar su identidad en el video viral.
Tanto el material informático como los dispositivos móviles ya se encuentran en manos de los gabinetes forenses para su peritaje. La Justicia no descarta nuevas imputaciones y evalúa el traslado de los internos a sectores de máxima seguridad para evitar que continúen con sus actividades ilícitas desde la prisión.
