El oficialismo en el Senado negocia el apoyo de aliados y cree que tiene los números para sancionar la Ley Hojarasca
Esta semana se reunirán las comisiones del Senado de la Cámara alta para tratar el proyecto que tiene media sanción de Diputados. La jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, buscará aprobar el dictamen y que llegue al recinto en junio.
La Libertad Avanza buscará que el proyecto que establece la derogación de legislación obsoleta, conocido como Ley Hojarasca, quede en condiciones de llegar al recinto durante el próximo mes de junio. La jefa del bloque, Patricia Bullrich, lo consensuó con sus pares violetas este jueves, durante una reunión virtual de la bancada oficialista.
El próximo miércoles 3 serán convocadas las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, encabezadas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, para buscar dictaminar la iniciativa. Habrá presencia de funcionarios nacionales como ocurrió en Diputados, allí estuvieron los secretarios de Desregulación y de Transformación del Estado, Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña.
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Mientras que la propia senadora Bullrich encabezará los acercamientos con la oposición dialoguista para la construcción de mayorías para la firma del dictamen, y pensando en el momento en el cual la iniciativa llegue al recinto. El oficialismo le dejó trascender a TN que no hará cambios al proyecto ya sancionado por sus pares de Diputados.
La iniciativa propone derogar al menos 70 normas, entre leyes y decretos, que el Gobierno considera obsoletas o en desuso dentro de la administración central.
Postura del Gobierno
El proyecto forma parte de la estrategia de desregulación del Gobierno. Según sus fundamentos, apunta a ordenar el sistema normativo y hacerlo más claro y accesible, además de reducir la intervención estatal en áreas consideradas innecesarias.
En el Poder Ejecutivo aseguran que la acumulación de normas sin depuración afecta la seguridad jurídica. También advierten que muchas disposiciones ya no tienen aplicación efectiva y generan marcos regulatorios confusos o contradictorios.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa, la definió como una depuración normativa. Planteando que cuantas menos leyes, más justicia, en línea con el objetivo del presidente Javier Milei de reducir la intervención estatal.
Además, remarcó que entre las normas a derogar hay disposiciones firmadas por expresidentes como Isabel Perón, Héctor Cámpora, Carlos Menem, Raúl Lastiri, Arturo Frondizi y Néstor Kirchner, así como por gobiernos de facto como los de Jorge Videla, Agustín Lanusse, Reynaldo Bignone y Juan Carlos Onganía.
El debate en Diputados
La iniciativa fue aprobada por la Cámara baja el 20 de mayo, por 138 votos a favor; 96 negativos y nueve abstenciones. Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz señaló: Se trata de un cambio de paradigma. Cambiar el paradigma del Estado omnipresente, de que todo y para todo necesita autorización del Estado. Queremos devolverles la libertad a los argentinos.
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Mientras que, desde la oposición, el porteño de Unión por la Patria, Nicolás Trotta planteó, estamos frente a un tratamiento tramposo, a ciegas, que implica una cortina de humo, porque detrás de la derogación de leyes obsoletas, se pretende derogar normas que afectan a la salud, a la cultura y a la producción de este país.
El socialista de Provincias Unidas, Pablo Farías cuestionó que no se tuviera en cuenta su dictamen de minoría, el dictamen alternativo que firmamos desde nuestro bloque, entre otras normas, incluye la derogación de la ley de las credenciales de libre circulación de los legisladores nacionales, que es un privilegio y parece que no es hojarasca.
La Cámara de Senadores tiene prevista, además, una sesión para el próximo jueves 4 de junio a las 11, con un temario que incluye el tratamiento de mas de 70 pliegos de cargos, entre jueces y fiscales, en la justicia federal; el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Acuerdo con los Bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default que declaró Argentina en el 2001 y mantienen litigio contra nuestro país en los Tribunales de los EE. UU.
