El Gobierno estira el retiro voluntario del INTA por falta de adhesiones - Informe Digital
La meta oficial de 1200 bajas no se alcanza y crece la tensión por posibles cierres de agencias en el interior.
El Gobierno prorrogó hasta el 10 de junio el plazo para adherirse al programa de retiros voluntarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en medio de una adhesión menor a la prevista y de crecientes alertas por el impacto territorial del ajuste. La discusión ya no pasa solo por los números: también está en juego la continuidad de agencias de extensión rural y la capacidad del organismo para sostener presencia en el interior.
Según publicó La Nación, la extensión del plazo se resolvió tras una reunión con el Consejo Directivo. En el Gobierno hablan de entre 600 y 650 desvinculaciones acordadas hasta ahora; sectores gremiales elevan esa cifra a unos 750, todavía lejos de la meta oficial de 1200 retiros.
El esquema prevé un costo total de $101.717 millones, en función del beneficio y de la actualización de las partidas necesarias para financiarlo. Antes de la puesta en marcha del plan, el organismo tenía alrededor de 5750 trabajadores, por lo que la salida de 1200 personas implicaría una reducción cercana al 21% de la planta.
Entre los obstáculos para sumar adhesiones sigue sin resolverse el reconocimiento de la antigüedad del personal transitorio. También persiste la incertidumbre sobre si la Fundación ArgenINTA asumirá o no los años de Planta No Permanente (PNP), una definición clave para mejorar la liquidación de quienes evalúan sumarse al programa.
Frente a la posibilidad de cerrar agencias, trabajadores y referentes del INTA empezaron a advertir sobre las consecuencias en el territorio. Héctor Ferrario sostuvo que una Agencia de Extensión Rural no se limita a la transferencia tecnológica, sino que también construye acuerdos, redes institucionales y respuestas concretas para cada zona.
También cuestionó que la presencia física del organismo pueda ser reemplazada por asistentes virtuales o plataformas digitales. Planteó que problemas como sequías, inundaciones o la falta de infraestructura y agua segura en el ámbito rural no se resuelven con aplicaciones móviles, y propuso un esquema híbrido que combine equipos territoriales con herramientas como inteligencia artificial o drones.
En un documento difundido internamente, Humberto Debat y la exvicepresidenta del INTA, Nacira Muñoz, describieron el desgaste emocional que atraviesa el proceso y remarcaron que la institución es una construcción colectiva y federal sostenida por trabajadores, productores y comunidades.
Ambos señalaron que mirar al INTA solo como una planilla de ajuste resulta profundamente doloroso. Advirtieron que el valor del organismo se mide en soberanía tecnológica, arraigo territorial, conocimiento, producción y alimentos, y que su debilitamiento golpeará de lleno sobre la innovación y las oportunidades de desarrollo en distintas regiones del país.
Desde las bases del organismo pidieron además el respaldo de legisladores, gobiernos locales y entidades del campo para defender la estructura institucional.
Semanas atrás se había conocido que la Fundación ArgenINTA podría intervenir para cubrir el costo vinculado a trabajadores de planta no permanente, aunque el tema sigue bajo análisis. En ese momento, se evaluaba un presupuesto cercano a los $2000 millones para esos años de PNP. La fundación es superavitaria y está integrada por representantes del sector público, entidades agropecuarias, universidades y miembros vinculados al sistema científico y productivo.
El pago contempla 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio y se abonaría en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese. La adhesión implica la desvinculación del organismo desde el 15 de junio de 2026 y la imposibilidad de reingresar al sector público nacional durante cinco años.
