Apinta denunció un desmantelamiento del INTA y advirtió por el cierre de agencias de extensión rural
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Apinta denunció un desmantelamiento del INTA y advirtió por el cierre de agencias de extensión rural
El gremio del organismo cuestionó un documento impulsado por el CARI y defendió el rol público del instituto frente a los intentos de achicar el Estado
En un extenso documento difundido en las últimas horas, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) defendió el rol estratégico del INTA para la producción agropecuaria y denunció el cierre de agencias de extensión rural en todo el país durante la actual gestión libertaria.
El pronunciamiento se conoció como respuesta a una nota publicada por Clarín Rural bajo el título «La ciencia cambia, el país cambia: qué INTA necesita la Argentina», elaborada en el ámbito del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Desde la organización gremial señalaron que el texto fue firmado por integrantes del denominado Grupo CEO, un espacio que históricamente ha promovido la desregulación y la reducción del Estado en la economía argentina.
No cuestionamos la legitimidad de ese debate, pero sí pedimos que se explicite desde qué intereses se formula, expresaron desde Apinta.
En el documento, el gremio rechaza la idea de que provincias y privados puedan reemplazar funciones estratégicas del INTA y plantea como eje central una pregunta: ¿Quién hace lo que el mercado no hace?.
El rol clave del INTA para pequeños productores y economías regionales
En ese sentido, Apinta remarca que existen investigaciones fundamentales para pequeños productores y economías regionales que difícilmente serían financiadas por empresas privadas debido a la falta de rentabilidad inmediata.
Entre los ejemplos mencionados aparecen estudios vinculados al tabaco, la caña de azúcar y la yerba mate para productores del NOA y el NEA, además del desarrollo de cultivos andinos, papa nativa, carne de llama y producciones destinadas a comunidades campesinas e indígenas.
También se hace referencia a investigaciones sobre plantas tóxicas para el ganado caprino en la Patagonia árida, trabajos que según sostienen no poseen escala comercial suficiente para atraer inversiones privadas.
El INTA lo hace. Y lo hace hoy, con equipos de investigación consolidados, con conocimiento local acumulado durante décadas y con presencia en territorios donde ningún actor privado llega porque no hay retorno de inversión en el corto plazo, señala el texto.
Apinta alertó por la pérdida de personal y el cierre de agencias
Según el documento, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 24 de abril de 2026 el organismo perdió 1.145 trabajadores, entre retiros voluntarios, renuncias, jubilaciones y licencias sin goce de sueldo.
Cada baja representa conocimiento acumulado, experiencia territorial y vínculos con el sector productivo que no se reemplazan fácilmente, afirmaron desde el gremio.
Además, denunciaron el cierre de agencias de extensión rural y estructuras territoriales en distintos puntos del país, incluyendo dependencias en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chaco.
En el caso de la región de Balcarce, el texto señala que se pasó de 10 agencias a apenas 3, lo que para Apinta implica un fuerte retroceso en la presencia territorial del organismo.
Críticas al modelo propuesto y la comparación con Estados Unidos
Otro de los puntos desarrollados en el documento tiene que ver con la comparación con el sistema estadounidense de investigación agropecuaria.
Según Apinta, quienes proponen repensar el INTA toman como referencia el modelo de universidades Land Grant y el USDA, aunque omiten que se trata de un sistema público y financiado por el Estado norteamericano con un presupuesto multimillonario.
El Estado norteamericano no se retiró de la investigación agropecuaria: la financia masivamente y la sostiene con presencia territorial en todo el país, remarcaron.
En esa línea, desde el gremio sostuvieron que el INTA necesita más inversión, no menos y reclamaron fortalecer sus capacidades, recursos e infraestructura sin modificar su misión pública.
El verdadero riesgo para la Argentina no es tener un INTA del siglo XX: es perder la única institución capaz de garantizar soberanía tecnológica agroalimentaria en todo el territorio nacional, concluye el documento.
