El salario indirecto se derrumba: transporte, comida y alquileres se comen el ingreso de los trabajadores
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Se conoce como salario indirecto a los beneficios, bienes y servicios que se abaratan o entregan de manera gratuita a los trabajadores, evitando que deban pagarlos íntegramente con su sueldo.
Este concepto incluye principalmente subsidios estatales al transporte público, tarifas de servicios (luz, gas, agua), educación y salud pública, pero también beneficios logrados en convenios colectivos, como pagos por refrigerio o insumos necesarios para salir a trabajar (vehículos, herramientas, entre otros).
Según la legislación laboral, el salario indirecto también abarca remuneraciones complementarias pagadas por el empleador, tales como premios, comisiones, propinas, horas extras y hasta un porcentaje del pago total en especie (habitación o alimentos).
Este entramado de beneficios suele tener un impacto directo en el poder adquisitivo. Desde la asunción de Javier Milei, la política de ajuste sobre las cuentas públicas redujo fuertemente los subsidios, mientras que la reforma laboral dejó casi sin efecto muchos de estos componentes.
En consecuencia, hoy no sólo la inflación erosiona los ingresos: los aumentos constantes en transporte, servicios y otros ítems del salario indirecto son parte central de la crisis de ingresos. Los datos muestran que salir a trabajar se volvió demasiado caro y acorta los días que dura el salario.
Transporte público: aumentos de hasta 17 veces y una doble pinza sobre el salario
Uno de los componentes del salario indirecto que más se encareció en los años de gestión libertaria es el transporte público. La política de eliminación de subsidios en un sector atravesado por empresas privadas y múltiples jurisdicciones estatales disparó las tarifas.
Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las tarifas en el AMBA aumentaron hasta 17 veces desde la asunción de Milei. Según el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, el subte subió 1.668 por ciento y los colectivos más de 1.500 por ciento, mientras que el salario mínimo perdió cerca de 43 por ciento de poder adquisitivo.
De este modo, el costo del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires se convirtió en uno de los indicadores más visibles del cambio de esquema económico impulsado por el Gobierno nacional, remarcó el CEPA.
El informe detalla que, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, las tarifas crecieron muy por encima de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 303,5 por ciento.
En el caso de los colectivos de jurisdicción bonaerense, los incrementos llegaron al 1.545 por ciento, mientras que las líneas de jurisdicción nacional aumentaron 1.221 por ciento y las porteñas 1.250 por ciento.
Para los trenes metropolitanos, el boleto pasó de 33,29 a 280 pesos, lo que representa una suba del 741 por ciento, aunque desde mayo volvió a incrementarse hasta los 330 pesos.
Para el CEPA, la magnitud de las subas responde directamente al modelo económico aplicado por la administración libertaria, basado en la reducción de subsidios estatales y el traslado de costos al usuario.
El documento sostiene que el Gobierno avanzó en una fuerte recomposición tarifaria como parte de la política de ajuste fiscal y reducción del gasto público. Datos fiscales del propio centro de estudios muestran que los subsidios al transporte cayeron cerca de 50 por ciento en términos reales respecto de 2023.
El impacto más profundo aparece al comparar el valor del boleto con los ingresos. El CEPA señala que un trabajador que combina colectivo y subte destinaba en diciembre de 2023 el 2,6 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil a sus viajes mensuales.
En abril de 2026, esa proporción escaló al 17,3 por ciento. En términos concretos, pasó de necesitar menos de un día de trabajo para pagar el transporte a casi cinco jornadas laborales completas, advirtió el informe.
El documento explica esta situación mediante una doble pinza: mientras las tarifas crecieron muy por encima de la inflación, el salario mínimo fue actualizado por decreto y perdió alrededor de 43 por ciento de poder adquisitivo en términos reales.
De acuerdo con el CEPA, este deterioro salarial impidió que los ingresos acompañaran el ritmo de los servicios regulados, especialmente transporte, energía y comunicaciones.
Viandas, comidas hormiga y vulnerabilidad alimentaria en el trabajo
Otro de los gastos que golpean de lleno el poder adquisitivo de los trabajadores son los llamados gastos hormiga, es decir, los consumos cotidianos que se realizan fuera del hogar. Entre ellos, la comida durante la jornada laboral suele ser el más relevante.
Sin beneficios como comedores o viandas, los empleados deben afrontar de su bolsillo este gasto. En la era Milei, el impacto es grave: muchos trabajadores sufren inseguridad alimentaria.
Así lo alerta un informe reciente que reveló que el 83,5 por ciento de los asalariados en Argentina enfrenta algún tipo de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada, ya sea porque reduce la cantidad de comida o porque opta por productos de menor calidad nutricional para poder sostener el gasto.
El estudio La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) junto a la empresa Edenred, se basó en una encuesta nacional realizada a 1.171 trabajadores formales.
El relevamiento muestra un escenario donde solo el 16,5 por ciento de los asalariados logra cubrir sus necesidades alimentarias sin privaciones durante la jornada laboral.
Uno de los datos más preocupantes es que el 61,1 por ciento de los trabajadores admite haber omitido alguna comida en el trabajo por falta de recursos. Dentro de ese grupo, el 46,7 por ciento lo hace ocasionalmente y el 14,4 por ciento de forma habitual.
El fenómeno, recalca el reporte citado por Data Gremial, golpea con mayor fuerza a los trabajadores más jóvenes. Entre quienes tienen entre 18 y 29 años, el 70,7 por ciento reconoce que se saltea comidas, una situación que el estudio vincula directamente con salarios iniciales más bajos y la dificultad para sostener los gastos diarios.
A esto se suma otro mecanismo de ajuste: el 78,5 por ciento de los trabajadores declaró haber reemplazado alimentos nutritivos por opciones más baratas, y en el 24,6 por ciento de los casos esa decisión ya forma parte de la rutina diaria.
El estudio también analizó cuánto cuesta comer durante la jornada laboral. Los resultados reflejan el peso de este rubro dentro del presupuesto mensual: el 43,9 por ciento gasta entre 5.001 y 10.000 pesos diarios para almorzar, mientras que el 20 por ciento supera los 10.000 pesos por día.
En la práctica, la comida durante el horario laboral se convirtió en un costo operativo más dentro del salario, que muchos trabajadores deben afrontar sin ningún tipo de ayuda.
Junio: nueva ola de aumentos y más presión sobre el salario indirecto
En este contexto, el salario indirecto volverá a erosionarse el próximo mes con una nueva batería de aumentos que golpeará el poder adquisitivo de millones de argentinos.
Mientras los salarios continúan subiendo por escalera, alquileres, transporte público, medicina prepaga, combustibles y servicios subirán por ascensor. El escenario vuelve a encender las alarmas en los hogares trabajadores, donde gran parte de los ingresos ya se destina al pago de alquiler, movilidad, salud y servicios.
A esto se suma la presión sobre monotributistas y pequeños contribuyentes, que desde junio deberán afrontar nuevas escalas y cuotas más elevadas.
Uno de los aumentos más duros impactará sobre los inquilinos que todavía mantienen contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres. En esos casos, el Índice de Contratos de Locación (ICL) aplicará en junio actualizaciones anuales cercanas al 78 por ciento.
En paralelo, quienes firmaron contratos bajo el esquema desregulado impulsado tras el DNU 70/23 también sufrirán nuevos ajustes trimestrales o cuatrimestrales atados a la inflación. En muchos casos, un alquiler promedio volverá a aumentar por encima de los ingresos mensuales, agravando aún más la crisis habitacional.
En tanto, desde el 1° de junio subirán nuevamente los boletos de colectivos y subtes en el AMBA. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo superará los 1.015 pesos, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires llegará a casi 790 pesos.
El subte, por su parte, costará más de 1.550 pesos por viaje. Además, las escuelas privadas con aporte estatal ajustarán sus cuotas entre un 4 y un 5 por ciento, tanto en Provincia como en Ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, junio llegará con una nueva ola de aumentos generalizados que vuelve a poner el salario en una escalera y a los precios en un ascensor, profundizando el deterioro del salario indirecto y del poder de compra de los trabajadores.
