Casación dejó a Cristina Kirchner al borde del decomiso de 111 bienes
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La Cámara Federal de Casación Penal cerró este jueves el acceso directo a la Corte Suprema para Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el intento por frenar el decomiso de sus bienes como parte de la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad.
La sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de CFK y de sus hijos y allanó el camino para avanzar con los trámites tendientes a devolver al Estado Nacional 111 bienes de la familia Kirchner y de Lázaro Báez.
Desde el sexto piso de Comodoro Py 2002, sede del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex mandataria, ya se consultó a la Corte Suprema si dispondrá de alguna de las propiedades involucradas en el proceso de ejecución de sentencia.
Sólo queda la queja ante la Corte
A Cristina Kirchner y sus hijos sólo les resta presentar una queja directa ante el máximo tribunal del país, al haberse cerrado la vía del recurso extraordinario federal.
En el caso de Máximo y Florencia Kirchner, están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión, que quedaron alcanzadas por la medida de decomiso.
Se trata de cumplir con el decomiso por $684.990.350.139,86, impuesto como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta contra la ex mandataria, quien actualmente permanece bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.
La resolución de Casación también abarcó bienes del ex dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, condenado en la misma causa por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.
La decisión fue adoptada por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último votó en minoría a favor de conceder parcialmente los recursos extraordinarios en lo relativo a determinados bienes de Máximo y Florencia Kirchner y a algunas empresas incluidas en el listado de Báez.
Fundamentos sobre el decomiso
Por mayoría, se desestimaron todos los recursos interpuestos por las defensas.
El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida, sostuvo el juez Hornos en su voto.
Según remarcó, se trata de un ilícito comprobado con una condena firme. Los delitos vinculados con la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo generaron un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público, advirtió al reiterar los argumentos que ya había expresado en el fallo de Casación que confirmó el decomiso.
Sobre los bienes de Máximo y Florencia, Hornos concluyó que ya hubo una respuesta extensa, fundada y razonada en la sentencia previa y que las defensas sólo manifestaron una discrepancia con el criterio adoptado sobre el alcance de la medida.
También rechazó el argumento según el cual el decomiso de bienes heredados o recibidos gratuitamente vulneraría principios constitucionales como legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Según sostuvo, esos planteos ya habían sido tratados y no se demostró ahora una cuestión federal que habilitara la intervención de la Corte Suprema.
Hornos reiteró que el hecho de que los actuales titulares de los bienes en disputa no hayan sido sometidos a esta causa penal no impide el decomiso cuando existe una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito.
En esa línea, agregó que la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso.
El voto en minoría de Borinsky
Borinsky, por su parte, consideró inadmisible el recurso de Cristina Fernández de Kirchner, pero entendió que sí correspondía habilitar parcialmente la instancia extraordinaria respecto de algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y a determinadas empresas de Báez.
Se trata de inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada por el tribunal que ejecuta la condena como punto de partida para evaluar qué bienes quedan alcanzados por el decomiso.
El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes, concluyó Borinsky.
Entre esos bienes se encuentran diez departamentos en Mitre 535, Río Gallegos, Santa Cruz, y cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, también en esa provincia.
En cuanto a los bienes de Lázaro Báez, el voto de Borinsky se refirió a inmuebles pertenecientes a dos empresas que adquirió el empresario: Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto, que también fueron incluidos en el listado sujeto a decomiso.
