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9digital 28/05/2026 20:41 7 min de lectura

Pistas clandestinas, vuelos de avionetas y lanchas nocturnas complican la situación de Airaldi - 9 Digital - Mi 9

Pistas clandestinas, vuelos de avionetas y lanchas nocturnas complican la situación de Airaldi -

Pistas clandestinas, vuelos de avionetas y lanchas nocturnas complican la situación de Airaldi - 9 Digital - Mi 9
Foto: 9digital

El juicio oral y público que se sigue contra el productor agropecuario Leonardo Airaldi y otros ocho acusados por narcotráfico e integración de una organización criminal sumó este jueves revelaciones de alto impacto. Durante una prolongada audiencia, el tribunal integrado por los jueces federales Noemí Berros, José Escobar Cello y Emilce Rojas escuchó los testimonios de Ana Beber, exadministradora de un complejo de cabañas, y de Mauro Brumatti, un experimentado investigador de la Prefectura Naval Argentina.

Por otra parte, la abogada defensora Mariana Barbitta pidió que Airaldi sea retirado del régimen de preso de Alto Perfil, reclamó una inspección al campo de Diamante donde estaría la supuesta pista de aterrizaje y solicitó la exclusión del testigo de identidad reservada que declaró en el marco de la causa Puerto Gaboto.

El fiscal Federal, José Ignacio Candioti, rechazó los planteos realizados por la defensa del exdirector de la Sociedad Rural Argentina de Diamante.

A través de un exhaustivo interrogatorio en el que la Fiscalía confrontó a los testigos con informes de inteligencia, fotografías de campo e incautaciones previas, quedaron expuestos los presuntos vínculos logísticos entre los campos de Airaldi en la localidad de Las Cuevas (departamento Diamante), las operaciones nocturnas en las islas del río Paraná y el posterior hallazgo de un cuantioso cargamento de estupefacientes en la provincia de Santa Fe.

La primera en declarar ante las partes fue Ana Beber, citada a pedido de la defensa de la imputada Soledad Touzet. Beber explicó detalladamente su vinculación con el entorno del principal encausado: relató que su exmarido, Jorge Alberto Acosta, había trabajado directamente para el productor agropecuario y que, a través de Touzet, ella misma fue contratada para administrar unas cabañas propiedad de Airaldi ubicadas en Las Cuevas, un predio estratégico que cuenta con acceso directo a la costa del río Paraná.

El tramo más relevante de su declaración se centró en la figura de Diego Torres, un hombre que se desempeñaba como puestero en la isla El Pillo y que respondía a las órdenes de Airaldi. Según detalló Beber, Torres quien fijaba su domicilio en la localidad santafesina de Puerto Gaboto realizaba constantes viajes fluviales a altas horas de la noche utilizando la lancha del propio productor.

Ante una pregunta puntual del tribunal y del propio imputado Airaldi, quien intervino de forma directa para cuestionar si a la testigo le constaban los llamados telefónicos, Beber fue categórica: Yo estaba con Torres, y él mismo me dijo: Airaldi llamó y me decía que vaya de noche a Gaboto en la lancha.

La mención a Puerto Gaboto no resulta menor para la hipótesis de la acusación pública: fue precisamente en esa localidad santafesina donde, en el año 2022 y tras un allanamiento originado por una denuncia por violencia de género, las fuerzas de seguridad provinciales lograron incautar un cargamento de aproximadamente 30 kilogramos de cocaína vinculado a la red bajo investigación.

Hacia el final de su declaración, Beber introdujo elementos que exponen el presunto perfil violento del líder de la organización. Ante las preguntas de los fiscales sobre si tenía conocimiento de conductas agresivas por parte de Airaldi, la testigo recordó algunos comentarios que le llegaron, pero negó haber presenciar hechos violentos.

El testimonio central de la jornada estuvo a cargo del efectivo de Prefectura Naval, Mauro Brumatti, quien declaró vía remota desde la ciudad de Diamante. Brumatti pormenorizó los inicios de las actuaciones, precisando que las tareas de inteligencia criminal comenzaron entre los años 2018 y 2019 a instancias de la delegación Paraná de la fuerza, en colaboración con otras divisiones.

Según el investigador, la causa se originó formalmente tras las alertas emitidas por una fuente humana que daba cuenta de maniobras de comercialización a gran escala de sustancias estupefacientes en la región.

El efectivo señaló que las sospechas iniciales se enfocaban de forma conjunta en Javier Fernández, un hombre de apellido Jacobi y el propio Leonardo Airaldi.

Sin embargo, ante la consulta de la jueza Noemí Berros sobre el destino de esas líneas de trabajo, Brumatti aclaró que la investigación respecto de Fernández y Jacobi no logró avanzar en la órbita de Prefectura, pero que la situación de Airaldi fue diametralmente opuesta debido a las posteriores y definitivas intervenciones que llevó a cabo la Policía de Entre Ríos.

El momento de mayor tensión procesal de la jornada ocurrió cuando la Fiscalía tomó el control del interrogatorio y exhibió, uno a uno, los informes de campo que el propio Brumatti había elevado oportunamente al Juzgado Federal de Paraná. El testigo fue reconociendo y ratificando cada elemento de prueba expuesto en la pantalla.

El testigo validó el establecimiento de una ligazón directa y habitual entre los movimientos logísticos observados en Las Cuevas (Entre Ríos) y Puerto Gaboto (Santa Fe). Ratificó los informes que ubicaban al puestero Diego Torres utilizando las embarcaciones de Airaldi y, posteriormente, movilizándose en tierra a bordo de una camioneta Toyota Hilux registrada a nombre de la firma Crown Editor, de propiedad del imputado. Para sustentar esto, se le exhibieron las fotografías de los seguimientos incluidos en el legajo.

Brumatti confirmó que los vecinos de las zonas rurales denunciaban de forma recurrente la existencia de una pista de aterrizaje clandestina dentro de las propiedades del productor agropecuario. El prefecto reconoció la veracidad de las imágenes aéreas capturadas mediante el uso de drones oficiales sobre los campos sospechados.

Por último, el investigador identificó un informe crucial firmado por él mismo, donde se detallaban tareas operativas en las inmediaciones del campo de Airaldi. En dicha oportunidad, los efectivos divisaron, fotografiaron y registraron el despegue de una avioneta de color blanco desde el interior de la propiedad rural.

Buscando minar la contundencia del relato del prefecto, Leonardo Airaldi volvió a ejercer su defensa material y le preguntó de forma directa a Brumatti si, a partir de esas observaciones y fotos de la avioneta, la fuerza de seguridad había podido determinar fehacientemente que él transportaba o comercializaba drogas en ese preciso momento.

La Fiscalía reaccionó de inmediato y, con idéntico énfasis, formuló las preguntas finales de clausura para contextualizar el valor de aquellas tareas de inteligencia en el rompecabezas judicial. A requerimiento del Ministerio Público, Brumatti recordó que, hacia el año 2023, la Prefectura Naval solicitó formalmente al juez federal Leandro Ríos continuar y profundizar las pesquisas sobre las actividades del imputado, pedido que fue denegado en su momento debido a que la Policía de Entre Ríos ya se encontraba ejecutando una investigación en paralelo con directivas precisas.

Del mismo modo, el testigo asintió recordar que las posteriores irrupciones y allanamientos realizados por la policía entrerriana derivaron, de forma directa, en el llamado a indagatoria de Airaldi y en su posterior procesamiento formal en la justicia Federal bajo el carácter de organizador de la estructura de narcotráfico, coincidiendo temporalmente con la incautación de los 30 kilos de cocaína en el nodo de Puerto Gaboto.

Este proceso judicial cuenta con la intervención de los fiscales José Ignacio Candioti, Juan Sebastián Podhainy, Diego Iglesias (PROCUNAR) y Martín Uriona. Además de Airaldi, están acusadsos Roberto Coronel, Joel Schonfeld y Sebastián Armocida, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, Walter Gonzalo Olivero, Soledad Touzet y Cristian Emanuel Sánchez.

Los abogados defensores, son: Mariana Barbitta y Lucas Melo (Airaldi), Claudio Berón (Coronel), Leopoldo Meresman y José Monge (Erbes y Martínez), Nelsón Schlotahuer (Touzet); y las defensores públicas subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri (por Armocida, Schonfeld, Olivero y Sánchez).

Otros cuatro procesados Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher negocian juicios abreviados y no forman parte de este debate.

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