Frenan el tasazo en Chacabuco: la Justicia suspendió aumentos del 100% y un tributo de salud al campo
La Suprema Corte bonaerense dio lugar a una medida cautelar por graves irregularidades en la votación de la ordenanza local. El malestar de los productores por el estado de los caminos rurales y la ventana que se abre con el fin de que los contribuye
La presión fiscal sobre el sector agropecuario bonaerense sumó un capítulo judicial de alto impacto que promete encender las alarmas en varios despachos municipales.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA) hizo lugar a una medida cautelar que suspende, de forma provisoria, la aplicación de la Ordenanza Impositiva 2026 en el partido de Chacabuco.
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Dicha normativa, impulsada por la gestión del intendente Rubén Darío Golía (Unión por la Patria), establecía un incremento promedio del 100% en la Tasa de Red Vial y creaba un polémico tributo fijo destinado al sistema sanitario local.
El máximo tribunal provincial fundamentó su decisión en los vicios de origen que arrastró la sesión del Concejo Deliberante efectuada el pasado 30 de diciembre.
Según la presentación liderada por el bloque opositor de PRO-UCR, el paquete impositivo no alcanzó la mayoría absoluta exigida por la Constitución provincial para convalidar modificaciones tributarias.
La votación terminó empatada en 17 voluntades debido a la ausencia de dos mayores contribuyentes, y fue definida de forma irregular por el voto del presidente del cuerpo legislativo, maniobra que la Justicia consideró preliminarmente inválida al requerirse un piso estricto de 19 votos positivos.
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Aunque el amparo dictado por los magistrados bonaerenses resguarda en primera instancia únicamente a los cinco concejales que encabezaron la demanda técnica, el mecanismo legal permite que cualquier contribuyente afectado solicite su adhesión inmediata al expediente. Esta ventana judicial generó un fuerte interés en la Sociedad Rural de Chacabuco (SRCH), entidad gremial que analiza presentarse formalmente para lograr que el beneficio de la suspensión se extienda a la totalidad de los productores del distrito, sin importar su condición de asociados.
Caminos rotos y malestar institucional
El descontento en los campos de la región venía madurando desde los primeros días de enero, cuando las boletas comenzaron a llegar a las tranqueras con subas que, según el tamaño de las parcelas, oscilaban entre el 70% y el 120%.
A este encarecimiento de la tradicional tasa vial se le acopló la denominada Tasa de Salud, un canon fijo de $10.000 aplicable a todos los titulares de tierras por igual, independientemente de la escala productiva de sus explotaciones agropecuarias. Los damnificados recalcaron que estos montos no guardan ninguna relación de proporcionalidad y carecen de una contraprestación real.
La falta de mantenimiento de la infraestructura básica es el principal argumento que esgrimen los chacareros. Las quejas por el estado de las trazas de tierra son recurrentes, fundamentalmente tras los últimos períodos de precipitaciones que dejaron intransitables diversos accesos estratégicos.
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En localidades vecinas como Rawson, los anegamientos mantuvieron los caminos completamente cortados durante meses, afectando la logística para retirar las cosechas y dificultando el traslado diario de insumos, maquinarias y personal hacia los establecimientos rurales.
Frente a este panorama, la comunidad rural comenzó a organizarse en paralelo a la vía judicial. En las últimas semanas, una coalición integrada por cerca de 140 productores, firmas de acopio, empresas consignatarias de hacienda y cámaras de transporte de carga unificaron un petitorio formal mediante la recolección de firmas.
A través de ese documento, le exigen al Ejecutivo municipal un informe detallado sobre el destino de los fondos recaudados, el presupuesto asignado a la Red Vial y el cronograma de obras planificado para revertir el deterioro del entramado productivo.
El conflicto ingresa ahora en una etapa de definiciones políticas y legales. Mientras el Ejecutivo de Chacabuco asimila el impacto del fallo, la oposición legislativa buscará abrir una mesa de negociación para redactar una nueva ordenanza fiscal que resulte equilibrada y respete los parámetros constitucionales.
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Por su parte, la Suprema Corte bonaerense continuará evaluando el fondo del asunto para dictaminar una sentencia definitiva tras el receso judicial de invierno, marcando un precedente que los productores del resto de la provincia seguirán muy de cerca frente a los recurrentes aumentos de tasas en el interior del territorio.
