BOLIVIA HABILITÓ EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PROTESTAS TRAS CAMBIO LEGAL - Vorterix Litoral
El Congreso de Bolivia aprobó una modificación normativa que habilita al presidente Rodrigo Paz a declarar el estado de excepción y disponer la intervención
El Congreso de Bolivia aprobó una modificación normativa que habilita al presidente Rodrigo Paz a declarar el estado de excepción y disponer la intervención de las Fuerzas Armadas en el marco de las protestas que se desarrollan en el país desde hace más de tres semanas.
Con más de dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados eliminó una ley vigente desde 2020 que limitaba la capacidad del Ejecutivo para aplicar este tipo de medidas. La norma ya había sido suprimida previamente por el Senado, dejando el camino despejado para su implementación.
El jefe legislativo, Roberto Castro, confirmó la sanción tras una extensa sesión virtual en la que participaron 117 de los 130 diputados. Desde el oficialismo sostienen que la eliminación de la norma remueve obstáculos legales para que el Gobierno pueda actuar frente a la escalada del conflicto social.
Las protestas, encabezadas por sectores campesinos del altiplano y respaldadas por la Central Obrera Boliviana y seguidores del expresidente Evo Morales, incluyen bloqueos de rutas en distintos puntos del país y exigen la renuncia del mandatario.
Las ciudades de La Paz y El Alto son las más afectadas por los cortes, que dificultan el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos. También se registran bloqueos en regiones como Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, donde la tensión social se mantiene en aumento.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras, existen más de 60 cortes de rutas activos, con miles de vehículos varados, especialmente en corredores que conectan con puertos de Chile y Perú.
En medio de este escenario, ya se registraron víctimas fatales. Un manifestante murió durante un operativo para despejar una ruta, mientras que otras cuatro personas, entre ellas un niño, fallecieron por no poder acceder a atención médica a tiempo debido a los bloqueos.
La nueva normativa abre un escenario de mayor intervención estatal en el control de las protestas, mientras crece la preocupación por una posible escalada del conflicto y sus consecuencias sociales y políticas.
