La Justicia sentenció que una joven de 24 años murió por causa de la vacuna Sputnik V
La Cámara Federal de Córdoba dictó un fallo en el cual reconoció que la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años, estuvo directamente relaci
El 29 de julio de 2021 quedó marcado como una fecha trágica para la familia de Melín Agustina Sartori. La joven cordobesa, de apenas 24 años, murió en la ciudad de Córdoba luego de sufrir una trombosis con trombocitopenia, un cuadro que la Justicia Federal determinó ahora que estuvo directamente relacionado con la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.
La decisión fue tomada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que falló a favor de María Virginia Ruiz, madre de la víctima y médica de profesión. El fallo ordenó al Estado nacional avanzar con el pago de una indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, una suma que ronda los 95 millones de pesos.
El expediente judicial se convirtió en un antecedente inédito en la Argentina. Según explicó el abogado Martín Barbará, representante de la familia, no existían casos similares que hubieran alcanzado una resolución judicial de estas características vinculadas a efectos adversos de las vacunas contra el coronavirus. "Entiendo que es el primero", sostuvo el letrado.
La historia clínica reconstruida durante el juicio indicó que Sartori había recibido la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021. Apenas seis días después comenzaron los síntomas: cefaleas intensas, vómitos y un fuerte dolor abdominal. El cuadro avanzó rápidamente hasta derivar en un deterioro neurológico irreversible que terminó con su muerte catorce días después de la vacunación.
La resolución judicial destacó que la joven no tenía antecedentes médicos de consideración. Practicaba deportes, mantenía una intensa actividad social y estudiaba Historia. También colaboraba en centros de ayuda comunitaria y había iniciado junto a su familia un emprendimiento de elaboración de pastas poco antes de la pandemia.
Uno de los puntos centrales del expediente fue el cambio de criterio adoptado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa). En un primer momento, el organismo había catalogado el caso como "Indeterminado B1", es decir, compatible temporalmente con la vacunación pero sin evidencia suficiente de causalidad.
Sin embargo, en 2024, y tras la aparición de nueva evidencia científica internacional, la propia CoNaSeVa revisó el caso y lo reclasificó como "Relacionado A1", reconociendo formalmente la existencia de causalidad entre la aplicación de la vacuna y el daño sufrido por la paciente. Para la Cámara Federal, ese giro técnico resultó determinante para despejar cualquier duda sobre el nexo causal.
El fallo también tomó en consideración informes de especialistas en hematología, farmacovigilancia y bioética. Entre ellos apareció un documento elaborado el 16 de junio de 2022 por la doctora Susana Vanoni, magíster en Bioética, quien concluyó que la evolución clínica de la paciente debía interpretarse "sin duda" como un evento adverso secundario a la vacunación contra Covid-19.
La jueza Liliana Navarro sostuvo en su voto que "la discusión sobre el nexo causal, lejos de persistir, se encuentra técnicamente despejada". Además, el expediente mencionó la detección de anticuerpos IgG anti factor plaquetario 4, compatibles con el síndrome de trombosis con trombocitopenia inducido por vacuna, conocido internacionalmente como VITT.
Durante casi cinco años, María Virginia Ruiz encabezó una batalla judicial y médica que, según su abogado, buscó mucho más que una compensación económica. La madre de Melín insistió desde el inicio en que el caso fuera investigado a fondo y visibilizado públicamente.
