La UOCRA denunció que se perdieron 91.000 empleos formales en la construcción desde la asunción de Milei
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La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunció en la Cámara de Diputados que desde la asunción del presidente Javier Milei se perdieron 91.000 puestos de trabajo formales en la industria de la construcción.
La exposición tuvo lugar en una reunión de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, presidida por el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, donde se analizó la caída de la obra pública, la inversión estatal, la vivienda social y el programa PRO.CRE.AR.
Fuerte impacto sobre la vivienda social
El director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, afirmó que entre 35.000 y 50.000 de los empleos perdidos corresponden a trabajadores vinculados a la construcción de viviendas sociales, un segmento que definió como intensivo en mano de obra.
En ese marco, reclamó contar con datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina y cuestionó las trabas normativas existentes a nivel provincial y municipal.
Además, sostuvo que existe una dolencia del Estado vinculada a la falta de políticas de formación y recalificación laboral para los trabajadores del sector.
Desde que asumió el gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción, afirmó Gándara durante su exposición en la Cámara baja.
El dirigente sindical también planteó la necesidad de generar estándares comunes entre provincias y municipios para facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales y mejorar la planificación del sector.
Alertas empresarias por el costo del metro cuadrado
En la reunión también participó el titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, quien alertó sobre el impacto del costo del metro cuadrado medido en dólares y la falta de financiamiento para proyectos habitacionales.
Según señaló, el acceso a la vivienda es un lujo para los argentinos debido a la combinación entre altos costos de construcción y ausencia de crédito hipotecario, lo que deja fuera del mercado a amplios sectores de la población.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, consideró fundamental avanzar en una ley nacional de vivienda que ordene y dé previsibilidad a las políticas del sector.
Crivelli propuso articular políticas entre provincias, municipios, entidades financieras y el sector inmobiliario para reducir el déficit habitacional en un plazo estimado de entre 10 y 15 años.
Cuestionamientos al retiro del Estado en vivienda social
La titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, sostuvo que cuando el Estado deja de intervenir en la construcción de viviendas, el mercado inmobiliario no reemplaza automáticamente ese rol.
En ese sentido, remarcó la necesidad de desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar el acceso habitacional, especialmente para los sectores de menores ingresos.
En síntesis, la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de Diputados analizó la situación de la construcción, la inversión pública, la vivienda social y el programa PRO.CRE.AR, en una reunión donde participaron representantes sindicales, empresarios del sector y funcionarios provinciales vinculados al área habitacional, todos con diagnósticos coincidentes sobre la gravedad del escenario actual.
