El Gobierno de Milei cortó el envío de fondos para los pasajes de micros de larga distancia de, niñas, niños y adolescentes con cáncer y pacientes transplantados - Confirmado
A través de una resolución de la Secretaría de Transporte, la gestión libertaria eliminó el sistema de compensaciones económicas a las empresas de larga distancia. Bajo la consigna de la libertad tarifaria, el Ministerio de Economía resolvió que el
A través de una resolución de la Secretaría de Transporte, la gestión libertaria eliminó el sistema de compensaciones económicas a las empresas de larga distancia. Bajo la consigna de la libertad tarifaria, el Ministerio de Economía resolvió que el Estado nacional ya no pondrá un solo peso para financiar los traslados de las personas con discapacidad y pacientes oncológicos o en lista de espera del Incucai, forzando a las compañías privadas a absorber el costo operativo de un derecho por ley.
- Por AF para Confirmado
En una nueva muestra de desaprensión social ejecutada bajo el amparo de la motosierra fiscal, el Gobierno nacional oficializó la quita total del financiamiento estatal destinado a cubrir los pasajes de micro de larga distancia para los sectores más vulnerables del sistema de salud. La medida quedó consagrada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, bajo la órbita de la cartera económica que conduce Luis Caputo.
La decisión política deroga de manera fulminante el régimen de compensaciones económicas vigentes que el Estado nacional utilizaba para reintegrar de forma parcial a las empresas de transporte automotor los costos de los pasajes emitidos sin cargo. Los principales afectados por este recorte administrativo son niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico, personas trasplantadas o en lista de espera (Sintra), y ciudadanos con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes dependen de estos servicios de manera regular para trasladarse desde las provincias hacia los centros de alta complejidad médica en las principales capitales del país.
Para justificar el desfinanciamiento, el Ejecutivo nacional recurrió a un argumento estrictamente de mercado. Sostienen que, tras la desregulación total del transporte interjurisdiccional dictada meses atrás, rige un nuevo paradigma de libertad tarifaria donde las empresas pueden fijar sus propios precios, horarios y recorridos. Bajo este razonamiento oficial, al no existir ya bandas tarifarias impuestas por el Estado, las compañías privadas tienen la supuesta capacidad comercial de internalizar dentro de su estructura de costos el otorgamiento de los pasajes gratuitos, catalogando al auxilio financiero estatal como un gasto innecesario.
Una trampa burocrática que amenaza con dejar a los pacientes a pie
Aunque la letra chica de la flamante resolución aclara de forma explícita que la medida no afecta el derecho a la gratuidad y que las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674 siguen plenamente vigentes y son exigibles ante las boleterías, las organizaciones civiles y los prestadores del sector advierten sobre el peligro inminente de un apagón de servicios en la práctica. Al desentenderse el Estado de su rol de financista y trasladar de prepo el costo del beneficio a la rentabilidad de los operadores privados, se genera una tensión de fondo que terminará pagando el eslabón más débil de la cadena: el paciente.
El temor generalizado en las terminales de ómnibus de todo el país radica en que las empresas comiencen a retacear, demorar o negar sistemáticamente los cupos obligatorios argumentando la falta de sustentabilidad económica en rutas deficitarias, un conflicto que ya sumó antecedentes críticos en los últimos meses. Si bien la resolución delega en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el mandato de sostener los controles de fiscalización y sancionar los incumplimientos, los usuarios denuncian que las demoras administrativas y la falta de ventanillas efectivas operan como barreras cotidianas letales para quienes necesitan viajar de forma urgente para recibir quimioterapia o asistir a controles postrasplante.
El quite de la compensación económica constituye un paso más en la sistemática política de retiro del Estado de las áreas sensibles de cobertura social y salud pública. Mientras desde los despachos oficiales se festeja el superávit y la simplificación normativa en nombre de la libre competencia, miles de familias en el interior del país afrontan la incertidumbre total de no saber si el micro que los lleva a salvar sus vidas estará disponible la próxima semana, quedando a la deriva de las reglas comerciales de un sector privado que ahora debe autofinanciar la solidaridad que el Estado decidió abandonar.
