Nuevo escándalo con los créditos VIP: denuncian a diputado libertario que pasó de manejar un auto en UBER a comprar una mansión de 300 mil dólares - Confirmado
La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una presentación judicial contra su compañero de bancada en La Libertad Avanza. La acusación apunta al otorgamiento irregular de un crédito hipotecario del Banco Nación en dólares y a severas inconsistenc
La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una presentación judicial contra su compañero de bancada en La Libertad Avanza. La acusación apunta al otorgamiento irregular de un crédito hipotecario del Banco Nación en dólares y a severas inconsistencias en su evolución patrimonial desde que asumió su cargo en diciembre de 2023.
- Por AF para Confirmado
El vertiginoso ascenso económico de la dirigencia que llegó al poder con la promesa de combatir los privilegios de la política tradicional volvió a quedar en el centro de la tormenta. El diputado nacional por La Libertad Avanza, Santiago Santurio, enfrenta una grave denuncia en los tribunales federales que cuestiona cómo logró adquirir una propiedad valuada en cerca de 300.000 dólares en un exclusivo barrio cerrado del conurbano bonaerense, habiendo asumido su banca legislativa hace apenas un año y medio.
La presentación judicial fue radicada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque oficialista y actual conductora del monobloque Coherencia. El texto de la denuncia detalla que, hasta diciembre de 2023, el perfil socioeconómico de Santurio distaba por completo del de un comprador de bienes raíces de lujo. El legislador se desempeñaba como docente de Filosofía y Catequesis en instituciones católicas y, debido a que sus ingresos formales no resultaban suficientes para alcanzar la subsistencia de su numerosa familia, complementaba su economía diaria trabajando como chofer de la aplicación de movilidad Uber mientras alquilaba su vivienda en un barrio de clase media.
Sin embargo, el escenario financiero del legislador bonaerense experimentó un drástico giro a mediados del año pasado. En julio de 2025, el Banco de la Nación Argentina le otorgó de forma exprés un crédito hipotecario UVA por un monto de 239.000 dólares a pagar a 30 años de plazo, con el cual concretó la compra de la finca que incluye comodidades exclusivas y parque con quincho.
Los números que no cierran en el Banco Nación
El núcleo de la acusación penal apunta a las flagrantes irregularidades regulatorias que rodearon la aprobación del préstamo por parte de la banca pública, un beneficio que se inscribe en una investigación mayor sobre presuntos créditos VIP otorgados a funcionarios y allegados de la actual gestión. De acuerdo con la última declaración jurada patrimonial obligatoria presentada por Santurio ante la Oficina Anticorrupción, sus activos totales declarados ascendían a apenas 12 millones de pesos, una cifra compuesta por depósitos en pesos y unos escasos 4.000 dólares en efectivo.
Los datos demuestran que el diputado no disponía bajo ningún concepto de los fondos mínimos necesarios para cubrir el anticipo del 20% que el Banco Nación exige de manera estricta a cualquier ciudadano común para dar curso a una operación inmobiliaria, un desembolso inicial que en este caso promediaba los 60.000 dólares. A pesar de esta evidente insolvencia previa, la entidad financiera oficial dio luz verde a la transacción, provocando que la deuda bancaria registrada de Santurio en la Central de Deudores del Banco Central diera un salto colosal de 6,7 millones de pesos a más de 303 millones de pesos en el transcurso de un solo mes.
Las inconsistencias técnicas también alcanzan al valor de la cuota mensual del financiamiento otorgado. La normativa interna del Banco Nación fija un tope de afectación estricto según el cual la cuota del crédito no puede superar el 25% de los ingresos netos del solicitante. En el caso de Santurio, los cálculos analizados en la denuncia penal arrojan que el compromiso mensual asignado representa el 48,2% de su dieta neta como diputado nacional, duplicando el límite legal tolerado. El agravante institucional radica en que el préstamo fue concedido a tres décadas de plazo, cuando la única estabilidad laboral formal demostrable por el tomador es su banca en la Cámara de Diputados, cuyo mandato improrrogable vence a fines de 2027.
Ocultamiento de bienes e inconsistencias fiscales
Más allá de las condiciones de privilegio obtenidas en el sistema financiero público, la denuncia de Pagano imputa a Santurio por la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y omisión maliciosa de datos. La acusación remarca una falta de transparencia total y persistente en los informes fiscales del legislador, quien omitió declarar ante los organismos de control la existencia de un condominio inmobiliario con CUIT activo a su nombre que registra movimientos desde el año 2013.
La lupa de los peritos judiciales también se posará sobre la situación patrimonial de su esposa, María Celina Aguilar Bugeau. La mujer no registra ningún tipo de inscripción activa ni ingresos formales declarados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo cual invalida la posibilidad de que sus ingresos hubieran sido computados legalmente para reforzar la calificación crediticia del grupo familiar ante el banco. A pesar de este vacío fiscal, la cónyuge del diputado figura participando activamente en operaciones comerciales recientes, como la adquisición en efectivo de un vehículo automotor durante el último año.
El expediente, que acumula fuertes reclamos de explicaciones públicas por parte de diversos sectores de la oposición legislativa, quedó radicado en los tribunales de Comodoro Py. Por disposición de la Cámara Federal porteña, el caso fue unificado dentro de la causa central que comanda la jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de determinar las responsabilidades penales de las autoridades bancarias y los funcionarios beneficiados por la presunta red de favores financieros estatales.
