Schoklender admitió que Aníbal Fernández financiaba denuncias falsas contra el PRO
El exapoderado de Madres de Plaza de Mayo aseguró en el juicio que el exministro kirchnerista pagaba a un abogado a través de la fundación para inventar denu
El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos y lanzó nuevas acusaciones sobre el funcionamiento político y financiero de la organización durante los gobiernos kirchneristas.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal 5, Schoklender aseguró que el abogado de derechos humanos Eduardo Barcesat impulsó, junto a Hebe de Bonafini y el entonces ministro Aníbal Fernández, un esquema de financiamiento destinado a promover denuncias contra dirigentes del PRO.
"Barcesat convenció a Hebe, que habló con Aníbal, y se armó un centro de investigación dentro de la universidad de Madres de Plaza de Mayo", afirmó. Según Schoklender, ese espacio "recibía un subsidio fijo" proveniente del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, recursos que aseguró "iban directo a Barcesat" y tenían como objetivo "hacer nuevas denuncias contra funcionarios del PRO".
De acuerdo con registros oficiales, en 2008, cuando Fernández encabezaba esa cartera, Barcesat fue designado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.
El ex apoderado también describió distintas fuentes de financiamiento que, según dijo, sostenían a la fundación. Entre ellas mencionó "los excedentes de Sueños Compartidos", la fabricación de paneles para viviendas, donaciones internacionales, festivales solidarios y aportes de figuras del espectáculo.
"Nos manteníamos a pulmón", sostuvo, aunque luego reconoció que también hubo aportes desde Venezuela. "De Chávez sí tuvimos aportes... Huguito. Alguno se perdió en el camino", expresó en referencia al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Además, Schoklender afirmó que consiguió fondos del Ministerio de Trabajo para complementar salarios de empleados vinculados al programa habitacional. Según indicó, esos pagos se acreditaban directamente en las cuentas de los trabajadores y estaban destinados a tareas de capacitación.
El juicio oral por Sueños Compartidos comenzó en febrero, quince años después de iniciada la investigación judicial. En la causa se analiza una presunta administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2008 y 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La acusación sostiene que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió 748 millones de pesos del Estado nacional y que al menos 206 millones habrían sido desviados sin destinarse a las obras previstas.
No es la primera vez que Schoklender declara en el debate oral. Al inicio del juicio había asegurado que la fundación funcionaba como "un aparato militante del kirchnerismo" por decisión de Bonafini y que parte de los recursos se utilizaban para movilizaciones y actos políticos.
La causa también cuenta con un segundo tramo vinculado a presunto lavado de dinero a través de empresas relacionadas con Sergio y Pablo Schoklender.
