Jaime Álvarez: Queremos que la mayoría de los pozos vuelvan a funcionar
El ministro de Energía destacó el plan de abandono de pozos acordado con YPF y aseguró que es inédito en Argentina. También informó que varios de los concesionarios han decidido evaluarlos para ponerlos nuevamente en funcionamiento. Que hoy esté
En diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el ministro de Energía, Jaime Álvarez, se refirió al plan de abandono de pozos acordado con YPF y aseguró que fue un logro de la provincia de Santa Cruz.
El trabajo de abandono de pozos no se ha logrado en el resto del país, es inédito en Argentina. Es un logro que ha tenido la provincia a través de sus equipos técnicos. Los mismos ya han sido licitados, tengo entendido que se encuentra avanzado y pronto a iniciar el equipo completo de abandono, que es un workover, tres pooling, un flush buy, un wireline, un taponador y cementadores. Es muy importante y es un trabajo que va a durar durante años y está a cargo de YPF, ellos son los responsables económicamente de llevar adelante este programa, destacó.
Según indicó, habrá un exhaustivo control de las tareas por parte de las áreas técnicas de la Provincia.
Por otro lado, Álvarez informó que a fines de mayo o principio de junio, las autoridades deberían recibir el informe que realizó YPF a través de personal de CONICET más la validación de la Universidad de Buenos Aires de esos estudios para analizar su correspondiente aprobación.
Consultado por la cantidad de pozos inactivos, el funcionario explicó que varios de los concesionarios han decidido evaluarlos para ponerlos nuevamente en funcionamiento.
Que hoy estén inactivos no significa que vayan a estar abandonados todos. ¿Y cuál es el objetivo de la provincia de Santa Cruz? Que la mayoría de ellos pueda volver a funcionar. Hay conversión de pozos también, pozos que antes eran productores van a pasar a ser pozos inyectores de agua, por ejemplo, con lo cual, o se vuelven a poner en funcionamiento como pozos productores de hidrocarburos y/o se pueden reconvertir a recuperación secundaria o terciaria, señaló.
Álvarez indicó que las empresas que se han hecho cargo de la concesión a través de la licitación vienen trabajando bastante bien.
La mayoría de ellas han presentado al día de ayer su voluntad de adherirse al plan de baja de regalías para aumentar la cantidad de equipos que van a estar trabajando, informó.
Por otra parte, consultado por el reinicio de las represas, el funcionario dijo que los fondos de China ya fueron girados a la República Argentina.
El Banco Central tiene que realizar el pago con esos fondos que vinieron porque no es plata del gobierno nacional sino que es financiamiento chino de un convenio país-país que data del 2013, con lo cual lo que se está esperando es que el gobierno nacional libere esos pagos a la Unión Transitoria de Empresas para que comience a trabajar, remarcó.
No obstante, informó que la empresa china Gezhouba ya ha comenzado a trabajar poniendo en condiciones los campamentos y la maquinaria.
Esperamos que lo antes posible se efectivicen los pagos del Banco Nación a la Unión Transitoria de Empresas para que esta obra inicie lo antes posible en su fase preparatoria en junio y julio, y a partir de agosto arrancar muy fuertemente en la obra propiamente dicha, expresó.
En cuanto a la represa Néstor Kirchner, adelantó que se han llevado adelante trabajos técnicos y confió en que si las tareas se realizan con seriedad y responsabilidad en Barrancosa, cumpliendo el cronograma, muy posiblemente podríamos estar discutiendo que de acá a un año comiencen también los trabajos sobre Condor Cliff.
Tenemos que tratar que el Estado provincial, que siempre estuvo ausente en esta obra, a partir de ahora esté presente y sea un dinamizador de la misma y resuelva los problemas antes de que estos ocurran. Si logramos eso, si mostramos seriedad y responsabilidad en el trabajo de la primera represa no va a haber ningún tipo de problema de financiamiento internacional para terminar la primera y, si las cosas andan bien, comenzar la segunda, manifestó.
Para finalizar, Álvarez mencionó el debate en torno a las modificaciones al Régimen de Zona Fría.
Por un lado, remarcó la importancia de defender el bolsillo de los trabajadores. No es ajeno para nadie que el país está transitando momentos muy difíciles y la provincia no es ajena a esta situación. Obviamente que todo lo que tenga que ver con combustible líquido y gas, que es el principal elemento que se utiliza para calefaccionar los hogares de una provincia que es patagónica, que tiene un clima frío, tenemos que defenderlo, expresó.
Sin embargo, recordó que el contexto nacional que hoy se vive y que han votado los habitantes de este país en el año 2023 y que ha sido ratificado ampliamente en el 2025 en las elecciones legislativas, plantea un libre mercado entre productores, transportadores y consumidores de energía.
Se tiende a que cada vez haya menor incidencia económica del gobierno nacional en este tipo de negociaciones o cómo se fijan los precios del millón de BTU o el metro cúbico de gas a nivel nacional, y seguramente tiende este panorama a que haya valores del metro cúbico de gas que es el que va a ser fijado entre la oferta y la demanda, entre los productores de gas y los compradores de gas, que en este caso son las empresas distribuidoras a nivel nacional, afirmó.
El funcionario sostuvo que menor cantidad de intermediarios es bueno y el Estado tiene que estar en las regulaciones, tanto en la parte eléctrica como en la parte de gas, controlando, pero con la menor cantidad de intervenciones posibles.
Por último, consultado por la aplicación de la Ley 90/10, Álvarez aseguró que los controles a las empresas son generales y sin ningún tipo de animosidad.
Tenemos que preservar la producción, el trabajo y los recursos naturales en la provincia de Santa Cruz. Debemos cumplir con lo que marca la ley y las reglamentaciones. Acá se han librado actas y, si corresponde que haya diferentes tipos de sanciones, las va a haber. Cada ministerio las va a tomar de acuerdo a la gravedad de la situación y se va a proceder a diferentes tipos de penalidades económicas respecto a los cumplimientos o irregularidades encontradas, concluyó.
