Pasajes por discapacidad: empresas de larga distancia reclaman deuda millonaria - EntreMedios
CELADI cuestionó que el Gobierno eliminara las compensaciones por los boletos gratuitos. Denuncian que el Estado no paga desde hace más de un año y la Justicia ya reconoció un primer incumplimiento.
Las compañías de transporte de colectivos de larga distancia, nucleadas en la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), reclamaron públicamente una deuda que el Estado nacional mantiene con el sector que ya supera los 27.000 millones de pesos. El conflicto se originó por la suspensión de las compensaciones económicas destinadas a cubrir los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncopediátricos.
La tensión del sector empresarial se incrementó tras la publicación de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, mediante la cual se dejó formalmente sin efecto el sistema de subsidios y reembolsos para las prestatarias.
Desregulación del sector y acumulación de la deuda
Desde la CELADI denunciaron que el Estado nacional dejó de cumplir con las transferencias correspondientes hace más de un año, fijando el último pago recibido en noviembre de 2024. A pesar de la falta de financiamiento público, las firmas aseguraron que continuaron garantizando de manera efectiva el beneficio, lo que representa la entrega de más de 1,5 millones de boletos gratuitos al año.
La entidad gremial empresaria remarcó la contradicción regulatoria que atraviesa la actividad tras las reformas estructurales del Gobierno: El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas por ley a absorber una carga social que históricamente era compensada por las arcas estatales, señalaron en un comunicado oficial.
Fallo de la Justicia Federal que reconoce el incumplimiento
El conflicto sumó un aval clave para el sector privado el pasado 18 de mayo, cuando un juzgado federal declaró formalmente el incumplimiento contractual del Estado nacional frente a la demanda de las cámaras transportistas.
La resolución judicial aprobó una primera liquidación de deuda por un monto de 8.753 millones de pesos, cifra que corresponde únicamente al período auditado entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Desde las empresas advirtieron que la situación financiera se volvió insostenible para las estructuras de costos corrientes, debido a la obligación de sostener un esquema de gratuidad masivo sin ningún tipo de contraprestación o respaldo económico oficial.
