Convocaron a una movilización en Flagrancia durante una semana clave del juicio
Familiares y amigos de la adolescente fallecida en 2023 marcharán este jueves bajo el lema "Unidos por Lucía".
A la par del avance de la causa en el fuero de menores, el caso sigue atravesado por una fuerte polémica institucional y social debido a la situación procesal de Juan Pablo Echegaray, hijo del magistrado federal Hugo Carlos Echegaray. El joven manejaba una camioneta Toyota Hilux y, según la hipótesis que sostiene la querella, realizó una maniobra imprudente que invadió de forma parcial el carril contrario, contribuyendo al despiste final del automóvil que terminó con la vida de Rubiño. A pesar de los planteos de la familia damnificada, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales consideró que no existían evidencias sólidas para imputarle de forma directa el homicidio culposo. En consecuencia, el juez Javier Figuerola a instancias del requerimiento presentado por el fiscal Iván Grassi resolvió dictar el sobreseimiento de Echegaray, una medida que posteriormente fue ratificada por el juez de impugnación Eduardo Raed. Este tramo del expediente estuvo marcado por sucesivas dilaciones, luego de que al menos seis magistrados se inhibieran en cadena para intervenir en la revisión de los recursos.
La confirmación del sobreseimiento por la muerte de la menor motivó la indignación de la familia de Lucía, que denunció la existencia de presuntos privilegios y adelantó que recurrirá mediante nuevas apelaciones ante la Corte de Justicia de San Juan. En tanto, Juan Pablo Echegaray continúa formalmente vinculado a otro segmento derivado de la investigación principal, enfocado en la presunta realización de picadas ilegales o conducción peligrosa.
Este trágico episodio ocurrió el 15 de octubre de 2023 en las afueras de una reunión social en el departamento Rivadavia. El impacto de un vehículo fuera de control le causó la muerte a Lucía Rubiño, generando una inmediata ola de consternación en toda la provincia. Al verse involucrado un menor de edad, las actuaciones judiciales debieron desdoblarse bajo el régimen penal juvenil, dando inicio a un extenso litigio técnico y legal que hoy busca una sentencia definitiva en medio del reclamo activo de la sociedad.
