Treinta años de complicidad: el PJ se «preocupa» por la caja que ayudó a desangrar - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
El Partido Justicialista de Entre Ríos, en sintonía con sus bloques legislativos y la Liga de Intendentes, rompió el silencio para manifestar una "profunda preocupación" ante el proyecto de Reforma Previsional que el Ejecutivo Provincial enviará a la
El Partido Justicialista de Entre Ríos, en sintonía con sus bloques legislativos y la Liga de Intendentes, rompió el silencio para manifestar una «profunda preocupación» ante el proyecto de Reforma Previsional que el Ejecutivo Provincial enviará a la Legislatura. A través de un extenso comunicado, el peronismo entrerriano se rasga las vestiduras denunciando un presunto «ajuste» sobre activos, pasivos y municipios, y alerta sobre la pérdida del 82% móvil, el aumento de la edad jubilatoria a 68 años para ingresantes y una supuesta delegación excesiva de facultades al gobernador Rogelio Frigerio.
Sin embargo, el documento oficial del PJ parece redactado con una amnesia política alarmante. Quienes hoy se erigen como los supuestos «defensores» de los trabajadores y la sustentabilidad del sistema son los mismos que gobernaron la provincia de manera casi ininterrumpida durante las últimas tres décadas. Treinta años en los que sistemáticamente miraron para otro lado mientras veían desangrar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, postergando decisiones de fondo y esquivando cualquier costo político para no solucionar una crisis estructural que ellos mismos alimentaron.
El nudo del conflicto no radica en la retórica del comunicado, sino en las matemáticas de la realidad entrerriana. «Esto es una ley que específicamente aborda a 66.000 jubilados que ya están, más 120.000 que se pueden llegar a jubilar, pero afecta a 1.500.000 de entrerrianos, que son los que soportan el déficit». Esa es la alarmante proporción que el PJ omite: un millón y medio de ciudadanos que, sin formar parte del empleo público provincial, deben financiar con sus impuestos un bache financiero que se volvió insostenible.
El PJ argumenta que el deterioro del sistema se debe a «salarios activos deprimidos» y exige «debates serios con estudios actuariales». No obstante, la verdadera falta de seriedad provino de las gestiones pasadas, que prefirieron la comodidad del inmovilismo antes que asumir la responsabilidad de salvar el sistema previsional. La postura actual del justicialismo entrerriano no hace más que revalidar su complicidad histórica, intentando bloquear las herramientas de emergencia de un problema crónico que ellos mismos decidieron no resolver.
Frente al escenario de discusión que se avecina en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, la gestión provincial ha mantenido una postura clara: la Mesa de Diálogo permanece abierta para recibir aportes y escuchar las inquietudes de todos los sectores y actores representantes de la sociedad entrerriana. No se trata de imponer un texto a libro cerrado, sino de abordar una encrucijada histórica que la provincia ya no puede postergar.
Por eso, el desafío actual se traslada de lleno al plano legislativo. Es de esperar que los representantes de la oposición, en lugar de encasillarse en posicionamientos estáticos como el expresado en este último comunicado «de preocupación», asuman el rol constructivo que la hora demanda. La sociedad entrerriana no necesita más diagnósticos de coyuntura ni discursos de barricada; necesita soluciones concretas, viables y reales que tiendan a la armonización de la caja previsional. Continuar dilatando el debate o apostar al fracaso de la reforma solo significará seguir acrecentando un déficit estructural que, en última instancia, terminará dinamitando el futuro de los propios trabajadores activos que hoy dicen defender.
Texto del comunicado del Partido Justicialista Entre Ríos:
- Sobre el proyecto de reforma previsional
El Partido Justicialista, junto a los bloques de senadores y diputados provinciales y la Liga de Intendentes, expresan su preocupación por el proyecto de reforma del sistema previsional que el Poder Ejecutivo ingresará formalmente a la Legislatura esta semana.
El proyecto de Rogelio Frigerio implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos.
En primer lugar, advertimos que las medidas propuestas trasladan el costo del déficit a quienes menos margen tienen para afrontarlo. Se propone aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo sin estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido.
Esto impacta directamente en los trabajadores activos de hoy, que verán deterioradas sus condiciones de acceso a la jubilación, y en los jubilados actuales, cuyos ingresos ya vienen perdiendo frente a la inflación.
Además, el proyecto consolida una interpretación equivocada del sistema: pretende hacer creer que el problema son los haberes, cuando en realidad el deterioro proviene de salarios activos deprimidos. En este contexto, cualquier modificación terminará profundizando la pérdida de ingresos de toda la cadena previsional.
82% MÓVIL EN RIESGO
Con esta reforma, el 82% móvil deja de ser una garantía real.
Al modificarse las condiciones de cálculo y extenderse los períodos considerados, junto con la falta de reglas claras de actualización, el resultado concreto será una reducción del haber inicial y de su evolución en el tiempo.
Esto implica que los futuros jubilados cobrarán menos en relación a su salario en actividad, rompiendo uno de los principios históricos del sistema previsional.
ACTUALIZACIONES SIN CERTEZA
El proyecto tampoco garantiza un mecanismo claro y justo de actualización. Al vincular la movilidad a variables como paritarias que vienen sistemáticamente por debajo de la inflación, se consolida un esquema donde los haberes pierden poder adquisitivo.
Esto afecta tanto a jubilados como a activos, ya que deteriora progresivamente toda la estructura del sistema.
AUMENTO DE EDAD SIN RESPALDO
El proyecto establece la edad jubilatoria en 68 años para los nuevos afiliados, la más alta del sistema público argentino, sin ningún estudio previo sobre expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas dentro del sector público provincial.
Además, al unificar la edad de retiro en 65 años para el personal actual y en 68 para los ingresantes, se ignoran las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres.
Esta equiparación es carga desproporcionada para las trabajadoras, quienes enfrentan un aumento de hasta ocho años en su edad de jubilación, en comparación con cinco años de los varones.
IMPACTO SOBRE LOS MUNICIPIOS
Los municipios también serán directamente perjudicados. El aumento de contribuciones patronales y la posibilidad de que estas sean modificadas discrecionalmente implica más presión financiera sobre los gobiernos locales, comprometiendo su funcionamiento y la prestación de servicios esenciales.
DISCRECIONALIDAD DEL PODER EJECUTIVO
Uno de los aspectos más graves del proyecto es la enorme discrecionalidad que se le otorga al Poder Ejecutivo. Se lo faculta a modificar aportes, contribuciones y condiciones del sistema sin límites claros, incluso por fuera del debate legislativo. Esto incluye la posibilidad de alterar porcentajes, bases de cálculo y cargas sobre trabajadores y municipios.
Estamos frente a una delegación de facultades que vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura.
La llamada emergencia se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto, lo que constituye un grave antecedente institucional.
NUESTRA POSICIÓN
Daremos todo el debate que sea necesario al proyecto de ley, al que recién tuvimos acceso para poder analizarlo, en las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda a los que deberá ser girado por el Pleno de la Cámara.
Convocaremos a representantes de activos y pasivos, y también a los gobiernos municipales.
Defenderemos el 82% móvil real y efectivo.
Rechazamos cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos.
No aceptamos que se traslade el costo del sistema a los municipios.
Necesitamos reglas claras de actualización que protejan el poder adquisitivo.
Nos oponemos a la delegación de facultades que concentran poder en el Ejecutivo.
CONCLUSIÓN
Es el momento de convocar a un debate serio, con datos, con transparencia y con responsabilidad política, para garantizar un sistema sostenible sin afectar a quienes sostienen y dependen de él.
Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable. Pero sustentable para los trabajadores, no a costa de ellos, concluye el comunicado.
Fuente: Cadena Entrerriana
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