El Gobierno busca derogar el Etiquetado Frontal: señalan "sobrecostos" para las pymes
El Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto para eliminar completamente la ley. En sectores dialoguistas advierten que no hay urgencia y reclaman eviden
El Gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto para derogar por completo la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, una normativa sancionada en 2021 que obliga a incluir octógonos negros de advertencia en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.
La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, fue enviada a la Cámara alta con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. En las próximas horas, el proyecto será girado a comisiones para iniciar su debate formal en el Senado.
Sin embargo, en bloques aliados y sectores dialoguistas del Senado ya comenzaron a aparecer señales de cautela respecto al tratamiento del proyecto. "No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto", señalaron desde una bancada cercana al oficialismo, mientras que otros legisladores remarcaron que existen "otras iniciativas pendientes que importan más".
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que el actual sistema de advertencias "dificulta una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos" y cuestiona el esquema binario de los octógonos negros, al considerar que no refleja mejoras parciales en la composición nutricional de los productos.
Además, el Ejecutivo argumenta que las restricciones vinculadas a publicidad, empaquetado y estrategias comerciales generan "limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas" y afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector alimenticio.
Según el texto oficial, las exigencias regulatorias vinculadas al rediseño de envases, adaptación productiva y análisis nutricionales generan costos más difíciles de absorber para las pymes, favoreciendo procesos de concentración económica en empresas de mayor escala.
"El proyecto procura reducir sobrecostos e ineficiencias vinculadas a producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos, promoviendo un entorno más competitivo e innovador", señala el mensaje enviado por la Casa Rosada.
No obstante, algunos legisladores advierten que una derogación total podría encontrar resistencias incluso entre aliados habituales del oficialismo. "Sin dudas hay cosas para cambiar y mejorar, pero borrarla por completo parece mucho", reconocieron desde otro espacio dialoguista.
La ley vigente, denominada oficialmente "Promoción de la Alimentación Saludable", había sido aprobada con amplio respaldo parlamentario y es defendida por organizaciones médicas, nutricionales y asociaciones de consumidores, que sostienen que brinda información clara para prevenir enfermedades vinculadas a la mala alimentación.
