Caputo aceptó postergar la reforma laboral para cuidar el superávit - Informe Digital
El FMI pidió más ajuste y el Gobierno admitió que podría demorar la vigencia del FAL si el frente fiscal se complica.
El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó atado a una nueva exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI): si el frente fiscal se desordena, el Gobierno se comprometió a tomar medidas extra para sostener el superávit, incluso postergar la entrada en vigencia de la reforma laboral. La definición expone el límite del ajuste y la tensión entre la meta de equilibrio y el costo político de tocar cambios sensibles.
Según el informe del organismo, la Argentina deberá sostener en 2026 un superávit primario cercano al 1,5% del PIB con disciplina estricta del gasto. El propio reporte advierte que ese objetivo se ve presionado por la baja de retenciones, por iniciativas de gasto aprobadas a fines de 2025 que equivalen a 0,35% del PIB y por nuevas medidas tributarias incluidas en la ley laboral, por 0,15% del PIB.
En ese marco, el FMI dejó asentado que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la focalización de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional, tanto corriente como de capital. También previó que, si los pagos de intereses superan lo esperado, habrá que activar medidas adicionales para resguardar el ancla fiscal.
Caputo quiere recaudar más
Días atrás, Caputo reconoció que el margen para seguir recortando gasto se achicó y que la estrategia oficial deberá apoyarse cada vez más en la recaudación. Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil, planteó, al describir un nivel de gasto que, según dijo, ya se ubica en torno de los 15 puntos del PBI.
La discusión también alcanza al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya puesta en marcha quedó en suspenso. Por semanas, Infobae consultó a fuentes oficiales sobre la reglamentación y recibió la misma respuesta: aguardaban el decreto de Presidencia. Pero el tiempo corrió y la ley fijaba como fecha de entrada en vigencia el 1° de junio.
Fue recién con la publicación del informe del FMI cuando fuentes del Gobierno admitieron que el FAL no entrará en vigencia en junio. La norma habilita a diferir su aplicación por hasta seis meses, hasta el 1° de diciembre de 2026. El costo fiscal de esa postergación existe, pero el oficialismo la mira también como una herramienta para desarrollar el mercado de capitales.
La otra tensión aparece en el transporte. El FMI también pidió mejorar la focalización de los subsidios al sector, una decisión que puede trasladar presión a la inflación. En el AMBA, las empresas de colectivos vienen reclamando desde hace meses una actualización de costos y mayores subsidios o un aumento del boleto, en medio de reducciones de frecuencia que afectaron a miles de usuarios.
La Secretaría de Transporte respondió con un aumento transitorio del boleto del 2% por tres meses, desde mayo hasta julio. Y en paralelo, el Gobierno dejó trascender que trabaja para que los subsidios vayan directamente a los usuarios y no a las empresas, con avances esperados para julio.
El cuadro general es claro: Caputo necesita sostener el superávit con menos margen para el recorte, más presión del FMI y decisiones que pueden reabrir conflictos en la economía real. En ese equilibrio inestable, la reforma laboral aparece como una de las variables que el Gobierno está dispuesto a mover si el ancla fiscal se resiente.
