El Gobierno dejó sin efecto el decreto sobre valoración de títulos docentes
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1048/26, firmado por el gobernador Leandro Zdero, luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia que declar
El Gobierno de Chaco derogó oficialmente el Decreto 82/25, la normativa que limitaba la valoración de títulos y postítulos docentes en los concursos de interinatos y suplencias. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1048/26, firmado por el gobernador Leandro Zdero, luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia que declaró inconstitucionales las restricciones impuestas por el Ejecutivo.
La medida deja sin efecto el sistema que establecía un límite anual para computar antecedentes académicos, permitiendo únicamente el reconocimiento de una actualización académica, una especialización superior o una diplomatura por año calendario.
El decreto firmado este jueves sostiene que el Superior Tribunal de Justicia emitió "pronunciamientos y fallos recientes" que deben ser atendidos por la Administración Pública y remarca que existe una sentencia firme que considera inconstitucionales las restricciones a la valoración de la formación continua docente.
El fallo judicial había sido dictado por mayoría, con los votos de las juezas Iride Grillo y Emilia Valle, y del juez Víctor Del Río. En disidencia votaron los magistrados Alberto Modi y Enrique Varela.
La resolución judicial analizó 21 acciones de amparo impulsadas por decenas de docentes chaqueños contra el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo provincial. Los demandantes cuestionaban tanto el Decreto 82/25 como las resoluciones 4095/25 y 4496/25, que modificaban los criterios de valoración de antecedentes académicos.
En su argumentación, la mayoría del tribunal sostuvo que el Estado provincial no logró demostrar que las restricciones fueran necesarias ni proporcionales para mejorar la equidad dentro de la carrera docente. Además, consideró que la reglamentación perjudicaba a quienes habían invertido tiempo y dinero en su formación profesional.
Por el contrario, los jueces que votaron en disidencia defendieron la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo para reorganizar el sistema educativo y fijar criterios uniformes en la valoración de títulos y capacitaciones.
El decreto firmado por Zdero también ordena que las Juntas de Clasificación de todos los niveles y modalidades vuelvan a aplicar los criterios de valoración vigentes antes de la implementación del decreto ahora derogado.
El fallo judicial tuvo además un fuerte impacto económico: el Superior Tribunal reguló honorarios por aproximadamente 80 millones de pesos para los abogados que participaron en los distintos amparos presentados por los docentes.
