El Gobierno modificó la Ley de Defensa al Consumidor
El Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley de Defensa al Consumidor e incorporó un mecanismo de pago voluntario para proveedores sancionados por infracciones, con una reducción del 50 por ciento en las multas para quienes acepten la penalidad y abonen dentro de los plazos establecidos.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 377/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Según se estableció, el beneficio estará disponible para quienes realicen el pago dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación de la sanción.
La modificación incorpora un nuevo inciso dentro de la reglamentación del artículo 45 de la Ley de Defensa al Consumidor.
El texto oficial señala que el infractor podrá cumplir con la sanción impuesta, consintiendo la misma y pagando 50 por ciento de la suma fijada.
Sin embargo, el decreto aclara que la reducción no podrá derivar en montos inferiores al mínimo previsto dentro del régimen sancionatorio vigente.
Además, el beneficio quedará automáticamente sin efecto si el proveedor decide presentar una apelación contra la resolución aplicada por la autoridad correspondiente.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo principal es reducir la litigiosidad administrativa y judicial vinculada a expedientes de consumo.
Según se explicó, la modificación de la Ley de Defensa al Consumidor apunta a disminuir costos tanto para el Estado como para empresas o particulares involucrados en procesos sancionatorios.
Desde el Gobierno consideraron además que el nuevo esquema permitirá agilizar la resolución de expedientes y mejorar la eficiencia administrativa.
La medida replica mecanismos similares que ya funcionan en otras regulaciones vinculadas al comercio interior y en distintas jurisdicciones del país.
Con este nuevo sistema, los proveedores que acepten las sanciones podrán resolver más rápidamente los procesos administrativos evitando instancias judiciales posteriores.
A su vez, el Gobierno entiende que la modificación de la Ley de Defensa al Consumidor podría reducir tiempos de resolución y descomprimir áreas administrativas vinculadas a controles y sanciones.
