AGMER retruca que 8 de cada 10 docentes pararon - Informe Digital
El Gobierno había informado oficialmente que 7 de cada 10 maestros no adhirieron a la medida de fuerza.
De la redacción de INFORME DIGITAL
La pulseada entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes sumó este jueves un nuevo capítulo después del paro convocado por Agmer y AMET. Mientras la administración provincial aseguró que 7 de cada 10 docentes fueron a trabajar, desde el sindicato mayoritario afirmaron que la medida tuvo un acatamiento del 80% entre sus afiliados.
La diferencia expuso dos lecturas opuestas sobre el impacto real de la huelga y volvió a mostrar el nivel de conflicto abierto entre el Ejecutivo de Rogelio Frigerio y los trabajadores de la educación en medio de la discusión salarial y la defensa de la Caja de Jubilaciones.
La pelea por los números del paro
Agmer sostuvo que la medida de fuerza se realizó en rechazo a las políticas del gobierno provincial y denunció un escenario de empobrecimiento generalizado, deterioro de las condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas.
Fuentes sindicales señalaron que el paro alcanzó un 80% de adhesión entre docentes nucleados en Agmer, mientras que en AMET el acatamiento fue del 70%.
La versión choca de lleno con los datos difundidos por el Gobierno provincial, que aseguró que la mayoría de las escuelas mantuvo actividad y que el nivel de asistencia docente rondó el 70% en toda la provincia.
La tensión que sigue abierta
Además de la huelga, docentes realizaron volanteadas en accesos de distintas ciudades entrerrianas para visibilizar el conflicto y cuestionar el rumbo económico de la gestión provincial.
La protesta se dio en una semana atravesada por el debate sobre la situación previsional de Entre Ríos y el rechazo sindical a posibles cambios en la Caja de Jubilaciones, uno de los temas que más resistencia genera dentro del sector estatal.
Con posiciones cada vez más endurecidas, el conflicto docente amenaza con escalar en plena discusión paritaria y agrega presión política sobre el Gobierno provincial, que busca sostener su estrategia fiscal mientras los gremios reclaman recomposición salarial y garantías previsionales.
