El pacto federal por la obra pública y el reclamo de las provincias - Confirmado
En un intento por destrabar un conflicto que lleva meses escalando, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior convocaron a una reunión de urgencia a los gobernadores de las provincias del norte y del centro del país. El eje del encuentro f
En un intento por destrabar un conflicto que lleva meses escalando, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior convocaron a una reunión de urgencia a los gobernadores de las provincias del norte y del centro del país.
El eje del encuentro fue la parálisis casi total de la infraestructura civil y vial, un tema sensible que afecta directamente al empleo en el interior y a la conectividad de las economías regionales. El Gobierno nacional presentó las conclusiones de las auditorías integrales realizadas sobre los entes viales y de vivienda, justificando el freno de los giros en la detección de sobrecostos y contratos viciados de nulidad.
La respuesta de los mandatarios provinciales fue unánime respecto a la necesidad de reactivar de forma urgente aquellos proyectos que registran un estado de avance superior al 70%. Los gobernadores argumentaron que mantener las estructuras abandonadas genera un costo de deterioro que terminará duplicando el presupuesto original de finalización. Tras horas de discusión técnica, se empezó a delinear un nuevo esquema de corresponsabilidad fiscal para la infraestructura.
Las claves del nuevo esquema de financiamiento
Provincialización de obras menores: Los gobiernos provinciales y los municipios asumirán la responsabilidad financiera y operativa de terminar los planes de vivienda locales y las redes cloacales urbanas, utilizando recursos propios o financiamiento bancario regional.
Prioridad nacional estratégica: El Estado nacional concentrará de forma exclusiva su presupuesto en los corredores bioceánicos, las rutas nacionales de alta densidad comercial y las obras hídricas interprovinciales que impactan de manera directa en la producción agroindustrial y energética.
Este principio de acuerdo busca aliviar la tensión fiscal de la Nación mientras devuelve cierta previsibilidad a las provincias, que ahora deberán readecuar sus presupuestos locales para absorber las obras inconclusas si quieren evitar el impacto social del desempleo en el sector de la construcción.
