Tarifazo y sospechas: vinculan el recorte de subsidios al gas con negocios de empresarios cercanos a Santiago Caputo - Confirmado
El debate por las tarifas de los servicios públicos en la República Argentina ha dejado de ser una discusión estrictamente técnica sobre el déficit fiscal para convertirse en un lodazal de acusaciones cruzadas en el Congreso de la Nación. Durante la
El debate por las tarifas de los servicios públicos en la República Argentina ha dejado de ser una discusión estrictamente técnica sobre el déficit fiscal para convertirse en un lodazal de acusaciones cruzadas en el Congreso de la Nación.
- Por AF para Confirmado
Durante la última sesión especial en la Cámara de Diputados, la aprobación de las modificaciones al régimen de subsidios energéticos para las denominadas zonas frías encendió las alarmas de la opinión pública. La oposición no solo cuestionó el impacto feroz que la medida tendrá en los bolsillos de millones de usuarios antes del inicio formal del invierno, sino que destapó un entramado de presuntos favores políticos y corporativos que salpican de forma directa al entorno más íntimo del presidente Javier Milei.
La encargada de encender la mecha en el recinto fue la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria), quien durante su alocución cruzó duramente a las autoridades del bloque oficialista y apuntó con nombre y apellido contra el holding empresarial comandado por los hermanos Neuss. Según la denuncia formulada por la legisladora, las recientes modificaciones normativas y regulatorias aplicadas al sector de la distribución de gas y combustibles no obedecen a un criterio de ordenamiento macroeconómico, sino a un diseño normativo a medida para valorizar los activos de empresas energéticas que mantienen vínculos comerciales y afectivos de larga data con el influyente asesor presidencial Santiago Caputo.
Mientras le aumentan de forma salvaje las facturas a los ciudadanos comunes en las provincias donde el frío no es un lujo sino una realidad climática, ustedes están utilizando el andamiaje del Estado para armar negocios espurios y pagar favores de campaña, disparó Strada desde su banca, provocando gritos y abucheos por parte de las bancadas de La Libertad Avanza.
El nudo de la controversia radica en cómo la quita del beneficio de la zona fría un régimen que históricamente nivelaba el costo del gas en regiones con temperaturas extremas del centro y sur del país altera el mercado de las distribuidoras. Sectores técnicos de la oposición argumentan que la desregulación total habilitada por el Ministerio de Economía genera un flujo de caja extraordinario y garantizado para las empresas concesionarias, incrementando su valor de mercado de la noche a la mañana. En los pasillos del Congreso, los rumores sobre una inminente venta o reconfiguración de paquetes accionarios en el sector energético alimentan las sospechas de un traje a medida confeccionado en los despachos oficiales.
El impacto social de esta medida ya se empieza a sentir en el interior del país. Gobernadores de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires han comenzado a coordinar acciones conjuntas con Defensorías del Pueblo y asociaciones de consumidores para frenar la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios en la Justicia. Sostienen que los incrementos, que en algunos casos residenciales superan el 400%, configuran una situación de pobreza energética y amenazan con paralizar la actividad de pequeñas y medianas empresas comerciales que no pueden absorber semejante estructura de costos. La judicialización masiva del tarifazo se presenta ahora como el principal obstáculo para el plan de ajuste del Palacio de Hacienda, en un escenario donde la tensión política y las sospechas de corrupción marchan a la par.
