Alerta de soberanía: crecen las denuncias por la entrega del Mar Argentino a la vigilancia militar de EE.UU - Confirmado
Fuerte escándalo en términos de geopolítica, inteligencia y defensa nacional estalló en las últimas horas tras conocerse los detalles de la firma de una Carta de Intención entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Uni
Fuerte escándalo en términos de geopolítica, inteligencia y defensa nacional estalló en las últimas horas tras conocerse los detalles de la firma de una Carta de Intención entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos.
- Por AF para Confirmado
El acuerdo, que establece un marco de cooperación tecnológica y operativa por el término inicial de cinco años, autoriza de manera explícita la participación activa de buques, aeronaves y sistemas de inteligencia norteamericanos en tareas de monitoreo y patrullaje sobre las aguas estratégicas del Atlántico Sur. La medida, impulsada bajo un estricto hermetismo por el ministro de Defensa, Luis Petri, encendió las alarmas de expertos, excombatientes y legisladores de la oposición, quienes denuncian una flagrante sesión de soberanía nacional y la apertura de una ventana de espionaje sobre los recursos más críticos del país.
La controversia escaló al analizarse la letra chica de los documentos técnicos convalidados por la gestión libertaria. En dichos textos, el Mar Argentino y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) comenzaron a ser redefinidos bajo el concepto difuso de bien común global. Expertos en relaciones internacionales y exmiembros de las comisiones de Defensa del Congreso salieron en bloque a denunciar el enorme riesgo que implica esta caracterización. En la jerga de la diplomacia militar de las grandes potencias, tratar una plataforma marítima nacional como un espacio global equivale a desdibujar y vulnerar la jurisdicción exclusiva del Estado soberano, abriendo la puerta para que una fuerza militar extranjera asuma el control operativo ante la degradación inducida y el desfinanciamiento de las capacidades militares propias de la Argentina.
El núcleo más sensible de la información, filtrado desde los propios mandos medios de las Fuerzas Armadas que miran con recelo la iniciativa, indica que el convenio contempla el intercambio de datos en tiempo real mediante el sistema de conciencia marítima global SeaVision, una plataforma de inteligencia tutelada por la marina estadounidense. El uso de esta tecnología implica que los sensores de los buques argentinos, las imágenes satelitales obtenidas en el mar y los radares costeros de la Patagonia quedarán enlazados a servidores operados directamente desde la base de Mayport, en Florida. Para los especialistas en seguridad, esto no representa un marco de cooperación simétrica, sino una entrega lisa y llana de la inteligencia de señales del país, permitiendo que una potencia extranjera mapee con precisión milimétrica el tráfico, las comunicaciones y las debilidades del despliegue defensivo argentino.
Desde los bloques parlamentarios de la oposición, con el impulso de diputados como Santiago Cafiero y referentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, ya se está coordinando un pedido de informes de urgencia y una citación al recinto para que Luis Petri rinda cuentas. La oposición denunció que la medida representa una capitulación inaceptable ante los intereses de Washington, justo en un momento donde las potencias globales miran con codicia los recursos pesqueros, hidrocarburíferos y las rutas comerciales estratégicas que conectan de manera directa con la Antártida.
Los cuestionamientos más severos apuntan a que, bajo la excusa de combatir la pesca ilegal de la flota china en la milla 201, la Casa Rosada está permitiendo la instalación encubierta de tecnología de vigilancia y antenas de rastreo norteamericanas en las bases costeras de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Esta maniobra rompe el histórico principio de neutralidad de la política exterior argentina y coloca al país en la primera línea de fuego de la guerra fría global entre Washington y Pekín, en lo que analistas internacionales y constitucionalistas ya califican como el mayor retroceso en materia de autonomía geopolítica desde el regreso de la democracia.
