Comunidad Organizada amplió la denuncia en la FIA por Medanito
El partido que conduce Juan Carlos Tierno pidió que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas resuelva la causa y amplió la denuncia. En un comunicado de prensa, señalaron: En estas hor
El partido que conduce Juan Carlos Tierno pidió que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas resuelva la causa y amplió la denuncia.
En un comunicado de prensa, señalaron:
En estas horas, Comunidad Organizada, a través de los diputados provinciales Sandra Fonseca, Maximiliano Aliaga y el Presidente de Comunidad Organizada Juan Carlos Tierno, presentaron un escrito en la Fiscalía de Investigación Administrativa solicitando que la Fiscalía concluya la investigación, respecto a la denuncia que originalmente realizó la diputada provincial Noelia Sosa, como posteriormente la denuncia formulada por Fonseca, Aliaga y Tierno, en el sentido que la Ley N° 3.620 de El Medanito y el llamado a licitación del área, fueron violatorias de las ley.
Que el hecho de que haya fracasado la licitación no significa que torna abstracta la cuestión, como pretende el Poder Ejecutivo en una nota que el Sr. Vanini mandó a la Fiscalía. Muy por el contrario, sostienen desde Comunidad Organizada, la ilicitud administrativa se perpetró al hacer el pliego violando la ley y, sin perjuicio de ello, la ilicitud administrativa no requiere del daño o perjuicio al erario público, sino la sola violación e incumplimiento de una ley genera, acarrea, la investigación de responsabilidades administrativas ilegales de los funcionarios involucrados.
Por otra parte, señalan que, en los mismos considerandos de la resolución de la FIA, que el proceso de elaboración de los pliegos puede generar consecuencias civiles y penales, con lo cual, un pliego de licitación violando una ley, también genera consecuencias, no solo administrativas, sino civiles y penales.
Por otra parte, Tierno, Fonseca y Aliaga ampliaron la denuncia respecto al Medanito, específicamente en lo siguiente:
Primero: que desde el ingreso de Ziliotto como gobernador, se dejó de invertir el dinero obligatorio en el área el Medanito, generando el descenso abrupto de la producción de gas y petróleo y el aumento del daño ambiental.
Segundo: incumplimiento de las obligaciones de control por parte de la autoridad de hidrocarburos como ambiente, reconocido que recién entraron en el área en abril de 2024 para tener un informe final en 2024.
Tercero: que nunca desde que está Ziliotto se cumplió la ley de Pampetrol, en el sentido de que cada seis meses tienen que ir todos los integrantes de Pampetrol a dar informaciones sobre la explotación hidrocarburífera en todas las áreas, como así también del informe que debe hacer el gobernador para posibilitar el control institucional de la Cámara de Diputados. Jamás se hizo. Jamás se cumplimentó.
Cuarto: que no se habría contratado el Seguro de Protección Ambiental obligatorio por la Ley de Ambiente Provincial y Nacional para resguardar los daños ambientales y que los responsables se hagan cargo no solo de su remediación, limpieza, sino también de su costo.
Quinto: que se ha dictado una ley en la cual declara la virtual impunidad de Pampetrol durante ocho meses sobre obligaciones ambientales en el área de El Medanito. En tanto y en cuanto no se puede relevar de obligaciones ambientales a ninguna empresa, ni pública, ni privada, ni mixta, por obligaciones de la Ley Provincial como la Ley Nacional de Ambiente.
Sexto: que se otorgó a una empresa pública el manejo integral de un área hidrocarburífera sin licitación pública, lo cual lo impide expresamente la normativa vigente, sea por el periodo de tiempo de una u otra extensión.
Séptimo: que se le otorgó a Pampetrol el manejo integral de un área hidrocarburífera violando la normativa provincial que impide que cualquier empresa, sea pública, privada o mixta, se haga cargo de un área hidrocarburífera sin tener libre deuda ambiental y que Pampetrol no la tiene, precisamente por los incumplimientos en el área de El Medanito.
Por lo tanto, Comunidad Organizada solicita la obligatoria intervención constitucional de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, para la investigación de dichos elementos que son de muy fácil comprobación en términos de que son todos acciones y omisiones de carácter institucional y de incumplimientos legales, no solo a normativa provincial, sino también nacional respecto a la explotación de hidrocarburos como así también a la protección del ambiente. Solicitando al fiscal su obligatoria e impostergable participación investigativa.
