El Gobierno propondrá un acuerdo a las universidades por el financiamiento
La propuesta se basa en el proyecto impulsado por el oficialismo e incluye cambios en la recomposición salarial y en las partidas destinadas al funcionamiento
A una semana de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno acercará una propuesta a las universidades para cerrar el conflicto alrededor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento que tramita la Justicia.
Un funcionario al tanto de las negociaciones explicó a medios nacionales que el Ejecutivo dialoga con los rectores para transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo para reformar la ley vigente y amortiguar así su impacto fiscal.
La reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.
A cambio de recibir los fondos, las universidades deberán retirar la cautelar que presentaron contra el Gobierno, que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC.
En caso de obtener un fallo en contra, el Ejecutivo deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron que no recibieron ninguna propuesta de Nación.
La Ley de Financiamiento del oficialismo se diferencia con la normal actual en que la recomposición salarial se efectuaría en tres tramos.
Así, en caso de avanzar con la propuesta, los aumentos del 4,1% se pagarían a lo largo del año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.
A su vez, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses, pero no obliga a actualizar los salarios por inflación como sí marca la ley vigente.
Otra diferencia sustancial recae en los gastos de funcionamiento de las universidades. La ley vigente demanda la recomposición por inflación de los últimos dos años en distintas partidas presupuestarias, entre ellas las de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica.
Sin embargo, el proyecto oficialista omite esos fondos y solo establece que, si la inflación anual de 2026 supera el 14,5%, el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
Finalmente, algo que sí incorpora la ley oficialista es una recomposición de más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, uno de los sectores que más reclamaron por el ajuste en el sector en la previa de la última marcha federal.