Defensa al veto del proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios por mora - Diario El Sureño
La ministra Gabriela Castillo y el presidente de la DPOSS, Ricardo Pereyra, defendieron el Decreto firmado por el gobernador Gustavo Melella que vetó totalmente el proyecto de ley que sancionó
La ministra Gabriela Castillo y el presidente de la DPOSS, Ricardo Pereyra, defendieron el Decreto firmado por el gobernador Gustavo Melella que vetó totalmente el proyecto de ley que sancionó la Legislatura.
USHUAIA.- La ministra de Energía, Gabriela Castillo, defendió el veto a la iniciativa legislativa que buscaba prohibir los cortes por mora en los servicios de agua, gas y electricidad y retrotraer las tarifas a valores de diciembre pasado, sosteniendo que la medida es inviable desde el punto de vista financiero y legal, y sostuvo que su aplicación, incluso, habría puesto en riesgo la continuidad de las prestaciones en toda la provincia.
Castillo explicó que gran parte del costo que pagan los usuarios está determinado por el Gobierno nacional, por lo que la Provincia no tiene margen para congelar unilateralmente los valores sin generar un fuerte desfinanciamiento del sistema.
La factura que paga el vecino, el 60% está establecida por Nación que fija el precio de la energía, y si la Provincia congelara sus tarifas, no tendría el dinero suficiente para pagarle a la Nación, afirmó Castillo. En ese sentido, advirtió que una decisión de ese tipo habría llevado tanto a la Cooperativa Eléctrica como a la Dirección Provincial de Energía (DPE) a acumular deudas y enfrentar sanciones.
Respecto del gas natural, la Ministra remarcó que las tarifas tampoco son definidas por el Ejecutivo fueguino. La tarifa del gas no la define la Provincia, la habilita la Secretaría de Energía de la Nación señaló, al tiempo que indicó que retrotraer los valores habría derivado en un conflicto legal con el Gobierno nacional sin resolver el problema estructural de los costos energéticos.
Otro de los argumentos centrales del veto es el carácter inequitativo que tiene la iniciativa. Castillo sostuvo que la propuesta implicaba otorgar el mismo beneficio tanto a sectores vulnerables como a usuarios con alto poder adquisitivo.
No es correcto subsidiar y evitar cortes a personas con alto poder adquisitivo al mismo tiempo que a familias vulnerables, expresó. Además, observó que el proyecto tampoco contemplaba la situación de pequeños comerciantes y kioscos barriales, que habían quedado excluidos de la normativa.
En relación al servicio de agua, la Ministra aclaró que actualmente no se realizan cortes y que ya existen herramientas de asistencia para quienes atraviesan dificultades económicas. A nadie se le corta el agua y hay tarifa subsidiada para casos sociales, remarcó. También recordó que recientemente estuvo vigente una moratoria de seis meses para regularizar deudas sin intereses.
Finalmente, Castillo ratificó que el Ejecutivo provincial continuará sosteniendo mecanismos de ayuda focalizada para los usuarios que no pueden afrontar el pago de los servicios. Sepan los vecinos que las oficinas de la DPOSS y de la DPE están abiertas para que el vecino que necesita hacer una adecuación de pago tenga la posibilidad, afirmó.
Argumentos de la DPOSS
Desde la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) expresaron preocupación por las consecuencias que generaría la iniciativa aprobada en la Legislatura, al considerar que lo que se impulsa pone en tensión el equilibrio económico necesario para garantizar la continuidad de los servicios esenciales en toda la provincia.
La intención aprobada desde la Legislatura le generaría un perjuicio superior a los 5 mil millones de pesos a la DPOSS.
En este sentido, el presidente del organismo, Cristian Pereyra, defendió las medidas que viene impulsando el Gobierno provincial para sostener el sistema sanitario y remarcó que la DPOSS mantiene una política de acompañamiento social sin afectar el acceso de los vecinos al agua potable.
En estos siete años de gestión no se le ha cortado el servicio a ningún vecino. Entendemos que el agua es un servicio esencial directamente ligado a la salubridad de la población, afirmó el funcionario, buscando llevar tranquilidad frente a versiones que advertían posibles restricciones a usuarios residenciales.
En ese sentido, Pereyra recordó que desde hace siete meses se encuentra vigente una moratoria destinada a facilitar la regularización de deudas. Según precisó, cerca de 8 mil usuarios ya pudieron adherirse a este esquema de pago, lo que refleja el compromiso de los vecinos con la institución.
Desde el organismo sostienen que las medidas impulsadas hasta ahora buscaron preservar el acceso al servicio sin trasladar completamente el impacto inflacionario a las tarifas. De acuerdo con los datos brindados por la DPOSS, durante los primeros meses del año la actualización tarifaria alcanzó el 6,86%, muy por debajo de la inflación acumulada, que llegó al 12,3%.
Sin embargo, advirtieron que el nuevo escenario legislativo podría afectar seriamente la capacidad operativa y financiera del ente sanitario, comprometiendo inversiones, mantenimiento de infraestructura y futuras obras necesarias para garantizar la calidad del servicio.
Pereyra también subrayó que el actual régimen tarifario ya contempla herramientas de asistencia focalizada para sectores vulnerables, permitiendo acompañar a quienes atraviesan dificultades económicas sin desfinanciar al organismo.
Finalmente, el titular de la DPOSS insistió en la necesidad de preservar los recursos de la institución para evitar consecuencias negativas a mediano y largo plazo. La DPOSS viene realizando inversiones, reequipamiento y obras para mejorar el servicio en toda la provincia, y eso requiere previsibilidad y sostenibilidad económica, concluyó.
