La megaestafa de Global Market fue remitida a la Justicia Federal: las 3 razones que forzaron la incompetencia
El juez de Garantías dio lugar al pedido de la fiscalía y, pese a la oposición de algunos abogados querellantes, la causa pasó al fuero federal dada la naturaleza de los delitos denunciados. Cuáles son y por qué no quedó en la justicia ordinaria.
Luego del cuarto intermedio que se dictó la semana pasada en la audiencia por la megaestafa de Global Market, finalmente el juez de Garantías dio lugar al pedido de la fiscalía y la causa fue remitida a la Justicia Federal, dada la naturaleza de los delitos investigados. Es que el fiscal Nicolás Alvo sostuvo que las denuncias excedían la presunta comisión del delito de estafa, ya que se trataba de al menos tres ilícitos.
Los motivos por los que el juez Javier Figuerola le dio razón al Ministerio Público se apoyaron en la sospechas de que Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada incurrieron en lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada. Esas tres figuras son competencia del fuero federal, dado que el bien jurídico protegido que habría sido vulnerado fue contra el orden económico y financiero.
Esta situación superaría, a su entender, la estafa común o la defraudación a particulares, pues se trataría de una supuesta evasión del contralor nacional. Por ello, declaró la incompetencia y envió las actuaciones al fiscal federal de turno, quien deberá analizar la resolución y aceptar o rechazarla, si entendiera lo contrario.
Pese a la resistencia de algunas querellas que pretendían que el expediente judicial quedara en el ámbito local, el magistrado entendió que sus argumentos no habían sido bien fundados y, por ello, desestimó sus solicitudes, para luego dictar la remisión a la fiscalía federal.
Por el lavado de activos, la autoridad remarcó las sospechas de que los imputados ponían en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito, que sería la estafa sobre sus clientes para financiar empresas propias. El ardid habría sido darle a los fondos recaudado la apariencia de operaciones de mercado.
Por otra parte, señaló la presunción de manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada, puesto que habrían realizado acciones de baja liquidez y habrían operado mediante GMI Inversiones, captando recursos financieros ajenos sin que la empresa pudiera contar con la autorización emitida por la autoridad competente para poder operar.
En desarrollo.
